La educación andaluza pertenece a las empresas
Este inicio de curso tenemos que hacernos una pregunta de máxima importancia. ¿De quién es la educación? La respuesta está clara para los estudiantes: la educación pertenece a las empresas.
Cada día, nuestra educación se ve afectada no solo por la privatización directa, sino que esta se completa con gran cantidad de medidas en las que el interés privado prima sobre los intereses de los estudiantes y los trabajadores de la educación, por ejemplo, la Junta de Andalucía ha cerrado ni más ni menos que 1181 clases de infantil y primaria, con la excusa de una natalidad más baja, una baja natalidad que casualmente no afecta al sector privado-concertado, que cada vez cuenta con más centros, grandes cadenas tienen cada vez más presencia en nuestras ciudades, como MEDAC, la cual cuenta ya con centros de FP en siete de los ocho provincias andaluzas, sumando ahora la primera universidad online de Andalucía, también tenemos en Córdoba el mayor centro de FP de toda Europa, con capacidad para 5.000 estudiantes, propiedad de la empresa Albor. Esto ataca directamente a la educación pública, pues cerrando líneas públicas cada vez más familias se verán obligadas a acudir a centros privado-concertados para que sus hijos puedan estudiar.
Con la privatización de la educación también son golpeados, por tanto, los estudios postobligatorios, con específica afectación en el caso de la FP. Las empresas tienen la necesidad imperante de conseguir mano de obra barata y utilizan su influencia en los diferentes gobiernos para conseguirla a través de por ejemplo la FP Dual, a esto le sumamos que, en contexto de crisis y necesidad de inserción de los jóvenes en el mercado laboral, la FP se convierte en una opción muy atractiva para miles de estudiantes. Todo esto se traduce en un aumento de estudiantes de formación profesional, en los dos últimos años se ha duplicado los solicitantes mientras que las plazas de FP pública no se han aumentado en función de las necesidades de los estudiantes. Pese a que en un primer momento se puede inducir que es por culpa de una falta de planificación de la junta de Andalucía, todo lo contrario. La junta sabe exactamente que al no haber plazas suficientes en la pública los estudiantes con baja nota se ven obligados a matricularse en centros de FP privados. En este supuesto existen dos opciones, o las familias hacen esfuerzos inhumanos por pagarlos o bien, si la familia no es capaz de hacer el esfuerzo que es la opción más probable los estudiantes se ven obligados a buscar otras opciones más precarias tanto en el mundo laboral como académico.
Debemos tener claro que da igual quien esté gobernando, se regirán por las mismas lógicas. Desde las diferentes administraciones, gobernadas por diferentes partidos, se han aprobado medidas en contra de los intereses de los estudiantes de la clase trabajadora, el gobierno central con su Reforma Educativa adaptaba al nuevo mercado laboral la educación y condenaba, aun más, a los estudiantes a ser mano de obra barata para las empresas, esta labor de adaptación al interés empresarial se completa con las medidas del gobierno de Andalucía, el cual recorta líneas y destruye la educación pública para expulsar a los hijos de los trabajadores de la misma a la vez que beneficia la FP privada y asegura la viabilidad y continuidad de la FP Dual la cual cuenta con 12.000 estudiantes que son explotados en 7.000 empresas. Este número aumentará en los próximos años según ha prometido el consejero de educación M. Alejandro Cardenete.
Antes estos ataques a la educación pública tenemos nuestra postura clara: luchar. No nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar quietos, tenemos que organizarnos en nuestros centros de estudios y dejar claro que la educación debe ser nuestra, de los estudiantes y del pueblo trabajador. No permitiremos una educación en la que somos vendidos a las empresas y a sus intereses, donde nunca se focaliza en nuestro aprendizaje, solo en que sea productivo y rentable.
Ahora más que nunca, gobierne quien gobierne y apruebe quien apruebe la ley:
Es momento de responder.
