Ante la reforma universitaria del ministro Castells

Durante las últimas semanas hemos asistido a cómo el ministro de Universidades, Manuel Castells, ha empezado a presentar algunas de las claves de la reforma universitaria que pretende poner en marcha a lo largo de este año. Tras la polémica presentación el pasado mayo de un decreto a través del que se fortalecía el 3+2, el ministro ha vuelto con unas propuestas aparentemente renovadas mediante las que pretende afrontar la reforma de amplios ámbitos del sistema universitario. Como medidas estrella el fin de los grados de 3 años, un giro radical con respecto a su propuesta inicial, y toda una serie de medidas a fin de asegurar la “calidad educativa” de los estudios universitarios. Sin embargo, ¿cuáles son las medidas concretas propuestas por el ministro? Y, ¿a quién sirven?

La introducción de la Formación Dual en las universidades a través de la “Mención Dual” constituye una de las principales medidas del decreto y supone, como en el caso de la Formación Profesional, la apertura de una fuente de mano de obra barata basada en la explotación laboral del estudiantado. A través de un nuevo tipo de contrato laboral para el estudiantado universitario en prácticas, convenientemente introducido en los Presupuestos Generales de 2021, el estudiante se convierte en un trabajador de segunda clase, no sujeto a los mismos derechos y condiciones que el resto de la plantilla. Esto provoca que un mismo puesto de trabajo se pueda ocupar con trabajadores en tres condiciones contractuales distintas: a la doble escala salarial se le suma esta nueva situación contractual, que impulsa la precariedad laboral, cronifica el encadenamiento de contratos temporales y prácticas por parte de la juventud y presiona a la baja las condiciones laborales del resto de la plantilla.

La Mención Dual no sustituye a las prácticas no laborales utilizadas en muchas ocasiones como fuente de mano de obra directamente gratuita, sino que crea un mecanismo legal para aumentar la explotación de la mano de obra estudiante paralelo al de las fraudulentas prácticas no laborales. En definitiva, lo que aparentemente puede parecer un avance es, de hecho, un retroceso en nuestras condiciones de trabajo y estudio que favorece que los estudiantes, en nuestro acceso al mercado laboral, ocupemos puestos de trabajo en condiciones particularmente precarias. No debemos dejar de señalar las consecuencias a largo plazo, que suponen el empeoramiento de las condiciones laborales de la juventud y la introducción sistemática de la empresa privada en unos estudios universitarios que quedan subordinados a las necesidades de los intereses privados.

Las medidas de flexibilidad curricular, aparentemente positivas, ignoran, sin embargo, el contexto concreto en el que se realizan: una universidad cada vez más supeditada a los intereses privados y un estudiantado sometido a una salvaje competencia motivada por la incertidumbre de su futuro. De esta forma, la posibilidad de que tanto las universidades como el estudiantado modifiquen los currículos establecidos no se convierte en una oportunidad para el debate colectivo y la experimentación académica, sino en un debilitamiento de los marcos disciplinares ante las presiones de la tecnificación exigidas por el tejido productivo, impulsándose la flexibilidad y adaptación de la oferta académica a las necesidades concretas del mercado.

Las medidas de aseguramiento de la calidad introducidas por el ministerio, por su parte, suponen la completa supeditación del diseño de los estudios universitarios a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. Las medidas no consisten más que en un reforzamiento de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), ya existente y encargada de aplicar las directrices de este espacio en nuestro país, a fin de que el diseño de la educación superior necesite en todo momento de su aprobación. A través de esta medida, el sistema universitario queda a merced de los intereses y criterios de la Unión Europea y toda participación y dirección de la propia Comunidad Educativa en la organización, diseño y control de los títulos universitarios queda sometida a sus criterios.

En conclusión, desde el Frente de Estudiantes denunciamos que las primeras medidas presentadas como punta de lanza de la reforma universitaria recogidas en la propuesta de Real Decreto para “la organización de las enseñanzas universitarias y el procedimiento de aseguramiento de su calidad”, profundizan en la tecnificación y mercantilización educativa, diseñando una universidad al servicio del mercado nacional y comunitario para la satisfacción de sus intereses privados. El diseño del ministro Castells no es el de una universidad orientada al servicio de la mayoría social, sino el de una educación superior sometida a los intereses privados, diseñada para la adquisición de mano de obra personalizada y a bajo coste por parte de las empresas.

Frente a unas prácticas que impulsan la explotación laboral, nosotros exigimos unas prácticas completamente remuneradas y en las mismas condiciones laborales que el resto de la plantilla. Frente a una universidad sometida a los intereses del mercado, exigimos una universidad dirigida democráticamente por la comunidad educativa, en la que el diseño de la educación superior sea resultado un debate colectivo orientado a la satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador. Frente a nuestra supeditación a las directrices comunitarias, exigimos una calidad educativa fundada en la rendición de cuentas, el control democrático, el debate académico transparente y público y la dotación de medios suficientes.

En este momento de crisis económica y social en el que muchas de nuestras perspectivas de futuro se ven reducidas a la supervivencia y la precariedad, en el que un gran número de compañeros y compañeras se ven expulsados de la universidad y en el que se reproducen aceleradamente los problemas de salud mental, debemos reivindicar el papel protagonista que la Comunidad Educativa en su conjunto debe tomar en la dirección y diseño del sistema educativo. La reforma universitaria debe ser producto de la participación activa de todo el personal universitario y debe poner los recursos de la educación superior al servicio del mismo pueblo trabajador que la hace posible. Por tanto, instamos al Ministro de Universidades a hacer todo lo que no ha hecho desde que tomó la cartera: escuchar, sin puestas en escena ni consultas vacías, lo que el estudiantado tiene que decir respecto a su propuesta de reforma universitaria cuya primera piedra es este Real Decreto. En ese mismo sentido, llamamos al estudiantado a no tolerar un ataque más en esta crisis. Estamos preparados para salir a la calle a defender nuestros derechos, a conquistar derechos nuevos. Estudiante: nuestra alternativa, una educación al servicio del pueblo trabajador, sin sus crisis, sin sus mentiras, depende de todos nosotros; y por tanto, también depende de ti.