Análisis sobre la mujer en la educación

La mujer históricamente ha estado relegada a un segundo plano, en el ámbito educativo no ha sido menos. Se le ha impedido y dificultado su acceso a los estudios hasta casi al final del pasado siglo. Hoy en día, algunas de estas desigualdades persisten. El presente texto fue aprobado por el II Congreso del FdE, y transmite nuestras posiciones sobre esta cuestión.

A lo largo de las distintas etapas de nuestra historia, la participación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad ha estado condicionada por la división sexual del trabajo, elemento que nace casi a la vez que la propia historia y que ha posicionado a la mujer en un plano secundario respecto al hombre. Durante la Edad Antigua, Media y Moderna, en los distintos contextos occidentales, el mundo del saber y de la enseñanza estuvo prácticamente reservado  para  los  hombres,  aunque  existe  un pequeño porcentaje de notables mujeres intelectuales, poco estudiado y por ello también invisibilizado.

En  occidente  y  concretamente  en  España,  país donde la tradición católica goza de un mayor calado social, el papel secundario a nivel económico asignado a la mujer, legitimado ideológicamente por las tradiciones y los dogmas de la Iglesia Católica, ha pesado profundamente sobre las posibilidades del acceso de la mujer al mundo de la enseñanza y la educación hasta prácticamente finales del siglo pasado. La división sexual del trabajo consiste en asignar al hombre el llamado papel productor y a la mujer el papel reproductor. Todas las estructuras de poder en España han sacralizado y promovido esa división hasta tiempos muy recientes, relegando el papel de la mujer en la sociedad a algo puramente privado y doméstico. Decimos “hasta tiempos muy recientes”  porque,  de  hecho,  tras  la  Transición, parece confirmarse una pauta sociológica a nivel laboral: el acceso de las mujeres al mundo laboral, ya casi completado, aunque con características propias,  se  está  dando  mayoritariamente  mente a través de su formación, que hoy en día ya es en términos estadísticos superior a la de los hombres en España. El resultado de esta formación, mayoritariamente en niveles superiores de enseñanza, es la incorporación laboral sobre todo en el sector servicios (mucho más que en el sector industrial y agrario).

Pero el camino recorrido hasta aquí ha sido largo y los obstáculos no han sido pocos. Exceptuando a las pocas pero notables mujeres de clases altas que tuvieron acceso a una enseñanza y llegaron a realizar investigaciones en diversos ámbitos científicos y humanitarios e incluso ejercieron como docentes, parece que el acceso de la mujer al mundo de la enseñanza (ya fuera como estudiante, trabajadora, docente, o investigadora) se inicia en el siglo XIX, época de pugna en España entre las estructuras feudales y las liberales capitalistas que finalmente se asentarían.

Iniciada ya la decadencia de las estructuras feudales en España, los primeros ideólogos y representantes del liberalismo español seguían estipulando que el papel de la mujer en la sociedad se limitaba únicamente al ámbito doméstico, tal como se declara en un decreto de 1814 de la Comisión de la Instrucción Pública de las Cortes de Cádiz:

No se ha olvidado de la educación de aquel sexo (…) que puede contribuir en gran manera a la mejora de las costumbres, y que apoderado casi exclusi- vamente de la educación del hombre en su niñez, tiene un gran influjo en la formación de sus primeros hábitos y, lo sigue ejerciendo después en todas las edades de la vida humana.

(…) la moral, principal objeto de la [educación] que debe darse a las mujeres. Tampoco pudo desentenderse de que este plan solo abraza la educación pública, y que cabalmente la que debe darse a las mujeres ha de ser doméstica y privada en cuanto sea posible, pues que así lo exige el destino que tiene este sexo en la sociedad, la cual se interesa principalmente en que haya buenas madres de familia.

Pero como además de la educación doméstica de las mujeres, que necesariamente se ha de mejorar con el progreso de la instrucción nacional y el fomento de la riqueza pública, convenga que el Estado costee algunos establecimientos en que aprendan las niñas a leer y escribir, y las labores propias de su sexo (…).

Este era el papel que el capitalismo incipiente en España reservaba a las mujeres. Al no interesar todavía como mano de obra en casi ningún sector, su papel económico seguía reducido al mantenimiento de la familia y el hogar, su función en la enseñanza era puramente doméstica y privada y su acceso a la enseñanza pública, que la proveía de otros niveles de formación, se encontraba claramente restringido. Eso sí: este es el inicio del reconocimiento del derecho de la mujer a la educación en España. Con este decreto y otros posteriores (sobre todo de los gobiernos liberales progresistas bajo el reinado de Isabel II, 1833-1868), se regularizaba el acceso de la mujer a una educación sexuada,  pues  educaba  en  función  del  sexo  del alumnado, que determinaba el papel que cada uno debería desempeñar en la sociedad. Con este fin educativo comenzaron a surgir en España escuelas para niñas, donde aprendían a leer y escribir, a realizar las “tareas propias de su sexo” y a formarse moralmente para ser la transmisora de valores católicos en el seno del hogar.

La  Ley  de  Instrucción  Pública  de  1857,  conocida como Ley Moyano y que tendría vigencia hasta prácticamente 1970, consolidaba esa separación entre materias a aprender por niños y niñas, instruyendo a los primeros en nociones de agricultura, industria  y  comercio,  geometría,  física  e  historia natural, y a las segundas en “labores propias del sexo”, “nociones de higiene doméstica” y algunos “saberes de adorno” (música, costura,…). A pesar de sus carencias, la Ley Moyano obliga, por primera vez en España, a escolarizar a las niñas, previendo la creación de colegios en todos los núcleos de más de 500 habitantes para niños y de otros, también obligatorios  “aunque  fueran  incompletos”,  para niñas. Esta distinción manifiesta que la educación de las mujeres, aunque solo fuera para que aprenda a ser una buena ama de casa católica, sigue importando poco a mitad del siglo XIX, por lo que todavía no hay conflictos ni opositores respecto a esta segregación sexual educativa.
Aun con todo, y pese al elevado absentismo escolar que se documenta en esos colegios femeninos,  una  pequeña  minoría  frecuenta  el  instituto, algunas jóvenes cursan estudios especializados (sobre todo musicales, de magisterio o de matrona) y unas pocas se atreven y se pueden permitir pisar las aulas universitarias. Sin embargo, costó mucho aceptar que los conocimientos adquiridos por la mujer la habilitaban profesionalmente, incluido el ejercicio de docencia en cualquier nivel educativo.

La Ley Moyano disponía la necesidad de formar maestras que se encargasen de la educación de las niñas. Ese fue el inicio de la profesionalización de la educadora, pues se sustituía a las viejas calceteras que se encargaban de la educación de las niñas enseñándoles a rezar, hacer calceta y labores domésticas, por maestras profesionales,  aunque solo fuera en niveles primarios de la enseñanza y las profesoras estuvieran aún muy lejos del reconocimiento social y de los derechos laborales de los hombres.

En las dos últimas décadas del siglo se empezaron a celebrar Congresos Pedagógicos a los que asistieron intelectuales y profesores universitarios muy influenciados por el krausismo, una doctrina filosófica relacionada con la Ilustración que defendía la tolerancia académica y la libertad de cátedra. Estos intelectuales y profesores comenzarían a dar forma a la célebre Institución Libre de Enseñanza. Aun representando la corriente más avanzada y progresista que existía en el mundo intelectual liberal del momento, no se cuestionaba esa división entre la educación para el ámbito privado y doméstico de la mujer y la educación para el ámbito público para el hombre. Sin embargo, en el último congreso, el de 1892, que contó con bastante más presencia femenina que los anteriores, se consiguió fijar la meta de la igualdad educativa y el derecho del ejercicio profesional para las mujeres. Este pequeño triunfo se produjo en el momento en el que las reivindicaciones de la primera ola feminista se encontraban en auge en Europa. Estas reivindicaciones también influirían sobre la propia Institución Libre de Enseñanza, que era quien más repercusión tenía en los Congresos, y que a finales del siglo XIX ya acogía a mujeres como Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, etc. También emitía colaboraciones de autoras, aunque pocas, en sus publicaciones, algunas de las cuales eran alegatos a favor de la coeducación y del derecho de la mujer a ser educada con y como el hombre.

El Magisterio se convirtió en la principal profesión ejercida por esas mujeres que reivindicaban su derecho a realizar estudios superiores y a que éstos les brindaran una oportunidad laboral. El proceso de feminización de la docencia en los niveles educativos básicos se aceleró en los últimos años del siglo XIX.

Pero las profesoras aún tendrían que luchar para que sus condiciones laborales mejoraran y se equiparasen a las de los profesores varones. Esa lucha dio como resultado que diversas legislaciones de finales de siglo igualasen las posibilidades de acceso de ambos sexos al ejercicio del magisterio en los diversos niveles educativos e incluso que se igualasen los salarios de las profesoras con los de los profesores, aunque su trabajo seguía considerándose menos valioso.

Ya hemos mencionado algunos de los avances que facilitaron esa tímida entrada de las mujeres a las enseñanzas superiores. Lo cierto es que las pioneras tuvieron que aprovechar un vacío legal existente en el Sexenio Democrático (1868-1874), en el que ninguna legislación prohibía explícitamente la presencia de mujeres en estudios medios y universitarios.

Probablemente este vacío legal se debía a que esta situación era tan impensable para las autoridades que no hacía falta regularla, pero la realidad fue que durante el último cuarto del siglo XIX el número de mujeres matriculadas en estudios medios y superiores creció de forma lenta pero continua en los centros de comercio, de telégrafos, y sobre todo de enseñanza, pero también en niveles universitarios: en los años ochenta y noventa consiguen terminar con éxito sus estudios unas quince mujeres españolas. Es una cantidad ínfima y que comprende solo a mujeres de clases altas, pero es un dato que a principios de siglo hubiera sido impensable.

Nada más comenzar el siglo XX se dan los primeros pasos hacia la igualdad educativa mediante la uniformización de las materias en la enseñanza primaria. En la primera década, a través de varias legislaciones que modifican disposiciones de la Ley Moyano, que sigue vigente, se incluye el mismo programa de magisterio para docentes de ambos sexos y se igualan las materias a aprender por niños y niñas en los colegios, aunque estas siguen manteniendo las que se refieren a labores domésticas.

Los institutos donde se cursa el bachillerato son en general mixtos, lo que implicó la que muchos padres se opusieran a la voluntad de sus hijas de realizar estudios secundarios. Además, en estos centros las niñas entraban al aula acompañadas por el profesor y se sentaban delante, apartadas del resto de la clase. Estos problemas favorecieron la creación de algunos institutos femeninos en los años veinte, algunos de los cuales fueron impulsados o fundados por la Institución Libre de Enseñanza, que entre 1900 y 1936 protagonizó una defensa generalizada por parte de todos sus miembros de una educación de la mujer exactamente igual a la del hombre.

A pesar de estos avances, muy pocas mujeres cursaban el bachillerato, pues su principal utilidad era el paso a la universidad, que resultaba incoherente con la ideología de las familias acomodadas e inasumible para las proletarias y campesinas. El interés mayoritario se dirigía a los estudios secundarios, que ofrecían una salida profesional, como el comercio, los idiomas y la taquigrafía, de manera que se generalizó la creación de centros de estudio donde se impartían estas enseñanzas en casi todas las capitales de provincia. Este proceso, que va de la mano de un cierto avance de la inserción de la mujer en el mundo laboral como asalariada, está relacionado con el desarrollo comercial e industrial que vive España en este primer tercio de siglo. El capitalismo industrial que se desarrolla en esta fase comienza a necesitar a la mujer para algunos trabajos: mecanografía y taquigrafía, labores comercia- les y contables, etc.

Aun con todo, estas mujeres representaban un 25% de las matriculadas en esos estudios, y no debemos olvidar que solo las clases más o menos acomodadas se lo podían permitir. Sobre las familias obreras y campesinas no pesaban solo los prejuicios ideológicos, sino también una precariedad económica que llevaba a las niñas no sólo a no poder cursar estudios secundarios, sino a seguir representando una altísima tasa de absentismo escolar al tener que ayudar desde pequeñas en el trabajo en el campo y en las labores domésticas. A pesar de que las leyes de principios de siglo recalcaron la obligatoriedad de la escolarización hasta los 12 años desde 1909, las limitaciones para estas familias siguieron existiendo, aunque el nivel de alfabetización de las niñas aumentó a partir de entonces y hasta los años treinta.

Ya hemos mencionado que el acceso de las primeras mujeres a la universidad en España se dio gracias al vacío legal existente durante el Sexenio Democrático (1868-1874). Tras este periodo, durante la Restauración, aunque seguía sin existir esa prohibición expresa, era necesario que la mujer que quisiera matricularse pidiera permiso a la Administración Central. En la práctica había una gran diversidad de casos, de dificultades y facilidades que dependían de la posición social, los contactos de la familia, el Rector de cada universidad, etc.

Antes de 1910, fueron 36 las universitarias que acabaron su licenciatura, de las cuales solo 16 pudieron matricularse de las asignaturas de Doctorado, y solo 8 de ellas llegaron a defender su Tesis y obtener el título de Doctor.

Se dio un paso adelante en esta regulación con la Real Orden de 8 de marzo de 1910, que reconocía el derecho de toda mujer que quisiera cursar estudios universitarios a matricularse libremente en todos los centros de enseñanza oficial. Esto no supuso un avance tan claro como pudiera parecer, pues las barreras y los prejuicios continuaban y, en la práctica, la aceptación de las mujeres en las universidades dependió en buena medida de la voluntad de los respectivos Rectores. Durante el primer tercio del siglo XX, el porcentaje de mujeres universitarias no superó el 5%. Pese a seguir sufriendo insultos y menosprecios, las mujeres en la universidad dejaron de ser una excepción anómala a una minoría muy pequeña pero representativa.

Dentro de la Institución Libre de Enseñanza, es cada vez más normal que estas universitarias aparezcan como autoras en sus publicaciones. Entre 1900 y 1915 son muchos los escritos y las tesis publicadas desde esta institución defendiendo la coeducación y el derecho de la mujer a la educación; a partir de 1915, estas publicaciones descienden, pero no por la pérdida de interés en el asunto, sino porque precisamente la mujer ya estaba introducida en todos los niveles educativos y en condiciones de más o menos igualdad con respecto al hombre, así que no eran tan necesarias esas publicaciones en defensa de estos derechos.

Durante la década de los años treinta se produce un salto cualitativo en la situación de la mujer en la educación, sobre todo por la legislación que la favorecería en la Segunda República. Durante el Bienio Progresista (1931-1933) se realizó una gran labor legislativa que provocó una serie de cambios:

  • Se implementó un plan masivo de creación de escuelas y colegios.
  • Aparecieron las primeras aulas mixtas en las enseñanzas primarias, con la consiguiente oposición, poco flexible, de la Iglesia y los sectores Por estas dificultades no llegó a completarse en los niveles primarios hasta finales de la República.
  • Sí se consiguió extender el modelo de escuela mixta a otros niveles: en los institutos de bachillerato y las escuelas de otras enseñanzas
  • La formación de maestras y maestros se mejoró enormemente y se igualó la formación necesaria para En los manuales de colegio e instituto se empezaron a incluir enseñanzas que recalcaban la igualdad jurídica entre hombres y mujeres.
  • Las mujeres vieron totalmente reconocido también, de facto, su derecho a estudiar en la universidad.

En este ámbito, se empieza a aceptar con naturalidad a la mujer y se generaliza que su formación universitaria conlleve la posibilidad de realizar un ejercicio profesional relacionado. Se extienden sobremanera, o aparecen por primera vez, las profesoras de bachillerato, las inspectoras de educación, e incluso las profesoras universitarias.

Quizá sobra decir que la mayoría de estos procesos (la implantación de la educación mixta en colegios e institutos, el acceso de la mujer a la universidad, su posibilidad de adquirir un título profesional) acarrearon una serie de acalorados debates, pues se trastocaban no solo los principios ideológicos sino las estructuras sociales y económicas tradicionales de la sociedad española. Sin embargo, es importante recalcarlo aquí y tenerlo en cuenta, pues no fue poco el valor que tuvieron que tener para defender estos avances los movimientos socialista, anarquista y socialdemócrata, ya fuera en el parlamento o en otros ámbitos de la vida política. Asimismo fue importante un cierto asociacionismo de mujeres que emerge en ámbitos relacionados con la enseñanza: mujeres que organizaban bibliotecas populares, asociaciones femeninas que defendían la educación mixta, etc. No solo en el Parlamento, también en las calles, las mujeres, como estudiantes,  profesoras  y  trabajadoras  de  la  enseñanza, estaban empezando a identificarse como un sujeto común  y  a  ver  la  necesidad  de  organizarse,  de manera aún muy exigua y coyuntural, para defender sus reivindicaciones.

Si los avances en el acceso de la mujer a la educación, en todos sus sentidos y niveles (como niña o adulta, como profesora o estudiante, como estudiante de primaria o de estudios superiores), habían sido lentos y puntuales desde 1800 hasta la Segunda República, la victoria del fascismo en la Guerra Civil supondría un paso atrás enorme en casi todos los derechos conquistados lentamente en 130 años de historia

Por un lado, la Iglesia, aliada de las oligarquías que empujaron el Golpe de Estado fascista, recuperó el modelo tradicional de familia, que de todas mane- ras ni de lejos había desaparecido en cinco años de periodo republicano. La Iglesia se hizo con el control ideológico total sobre la enseñanza.

Se prohíbe la coeducación, se separa a los niños y a las niñas en las aulas de enseñanza primaria, y la formación de las futuras maestras queda en manos de la Sección Femenina de la Falange, la cual se encarga de volver a situar a la mujer en la sociedad en un lugar totalmente secundario. Las materias que aprenden las niñas y que enseñan las maestras son la economía doméstica, las labores del hogar, la música y cierta formación política y social.

El destino de muchos de los maestros de la República es de sobras conocido. Estos se veían por las élites españolas que habían animado el Golpe de Estado, como los transmisores de unos valores nefastos para sus intereses, y fueron unas de las primeras víctimas de la represión fascista en la guerra y la posguerra. La mayoría de las mujeres que se habían incorporado al ejercicio del magisterio en la República tenían unas ideas progresistas y emancipadoras, tanto del género femenino como de las clases populares. Muchas de estas mujeres, que representaron la primera generación de maestros donde había un porcentaje femenino significativo, acompañaron a sus colegas hombres en su destino.

El desarrollismo de los cincuenta y los sesenta

Las autoridades franquistas y sus instituciones quisieron implantar el modelo más tradicionalista de la familia, con el hombre a la cabeza,

“librando a la mujer del taller y de la fábrica”

(esto decía el Fuero de los Españoles), y volviendo a convertirla en la sacrificada ama de casa que no toma ninguna decisión ni pinta mucho en la mayoría de ámbitos públicos. Todas las medidas educativas fueron encaminadas a situar a la mujer en esa posición económica, social y familiar; pero los avances en las estructuras sociales y económicas, y la normalización de la mujer que estudiaba y trabajaba fuera de casa, que se habían vivido en el siglo XX y se desarrollaban en otros ámbitos internacionales, no se podían obviar por mucho tiempo.

Muchas mujeres de clase media seguían queriendo estudiar enseñanzas medias que las habilitasen para puestos de trabajo que requerían formación. En los años cincuenta, de la mano de otros cambios que vinieron con el Desarrollismo, se llegaron a crear institutos y escuelas femeninos destinados a la enseñanza secundaria para las mujeres. El desa- rrollo industrial creciente hacía necesaria también la mano de obra femenina, así que comenzó a resquebrajarse tímidamente ese esquema del hombre que trabaja y la mujer que cuida del hogar. La sesgada emancipación femenina que se da en este modelo familiar afecta sobre todo a clases medias, pues se da a través de esa formación en enseñanzas secundarias para el desempeño de puestos de trabajo cualificados. Solo en estas clases se empieza a ver en los años cincuenta y sesenta con más naturalidad a la mujer que estudia y trabaja fuera de casa, y aún con todo, solo suele aceptarse si son mujeres solteras sin responsabilidades familiares.

Las mujeres de familias obreras y campesinas aún tendrían que esperar dos décadas para que se reconociese ese derecho a una educación que las habilitase para desempeñar puestos de trabajo más o menos cualificados. Pero mientras tanto, estas mujeres más acomodadas empezaban a conformar la tendencia en los estudios femeninos que seguirá siendo una constante tras la Transición y hasta nuestros días.

Todos los retrocesos que pudieran darse en los derechos de la mujer durante el franquismo, por tanto, no conseguirían eliminar unas reivindicaciones ya asentadas en ciertos sectores de la población femenina, ni parar la introducción de la misma en  diversos  niveles  educativos,  ni  por  supuesto, los avances en cuanto a alfabetización y escolarización primaria recorridos en las últimas décadas. Sí se intentaría segregar la educación por sexos de nuevo, y dificultar el acceso de la mujer a ciertos niveles educativos; pero ya no se podía negar la necesidad y el derecho de que la mujer recibiese una  educación  primaria  obligatoria,  que  supusiera una igualación de su alfabetización y de sus conocimientos básicos respecto a los del hombre. Durante el franquismo, de hecho, la tasa de alfabetización femenina no solo no disminuye, sino que mantiene una igualación a la del hombre y en ocasiones la supera.

También se tienen datos del aumento de la matriculación de estas mujeres alfabetizadas en estudios medios y superiores durante los años 50, aunque en muchos casos, tanto el aumento de la alfabetización femenina como el aumento de matriculadas en niveles educativos medios y superiores se da a través de la enseñanza privada. La conclusión que se extrae de estos datos es que la clase social, de nuevo, es muy determinante a la hora de que las mujeres puedan disfrutar de ese derecho a recibir una educación, ya sea más primaria o en niveles superiores.

A nivel histórico, la entrada de la mujer en la formación profesional se ha dado a pasos muy pequeños. Los motivos son culturales y económicos en esencia: en los años 50, en los que se da un empuje al desarrollo de la Formación Profesional, todavía se quería retener a la mujer al ámbito privado. No se quería invertir en la educación de las hijas ni en el gasto que suponía, teniendo preferencia los hijos, y aunque el sueldo que la mujer pudiera ganar fuese bajo, suponía una pérdida suficiente si dejaba de cobrarlo para estudiar. A pesar de la intención de mantener a la mujer en casa, no se podía evitar su inserción en el mundo laboral, estando así condenada a trabajos no-cualificados y, por tanto, mucho peor valorados. El Ministerio de Educación Nacional creó en 1964 la Escuela Oficial Femenina de Maestría Industrial (la primera), con las modalidades de Corte y Confección y Peluquería y Cosmética. La mayoría de los centros femeninos serían propiedad de la Iglesia (17), con las modalidades de peluquería y cosmética, ayudantes de laboratorio, corte y confección, cerámica y abaniquería, escaparatistas, delineantes, electricidad, electrónica y textil. Así, aunque la presencia de la mujer en la industria se venía elevando, seguían sin tener formación para ese tipo de profesiones y se seguía incentivando, esta vez mediante el estudio, una serie de roles que siguen hoy presentes y que limitan la actividad de la mujer al ámbito de cuidados y servicios.

En el curso 1964-65, la matrícula en formación profesional seria de 5.895 alumnas, frente a los 96.076 alumnos. A pesar de que la ley ya recogía el derecho de acceso a la educación sin distinción de sexo, no era real: el que fuera necesario tener profesoras para Educación Física y enseñanzas del hogar suponía un gasto que no todos los centros podían realizar.

Las tasas de escolarización y alfabetización femenina siguen aumentando, al igual que las masculinas, a partir de los años sesenta, consiguiéndose una igualación en estas dos tasas. Ahora las diferencias de la mujer con respecto al hombre dentro del sistema educativo serán muy diferentes a las que había desde el siglo XIX, y los retos de la mujer en la educación serán otros.

En 1970 se reconoce la igualdad de oportunidades en materia educativa para hombres y mujeres, rompiéndose con esa segregación por sexos. En el curso 1984-1985 se hace efectiva la escolarización mixta obligatoria, así como la aplicación de currículums exactamente iguales para niños y niñas, que comparten profesores y espacios.

También en los años ochenta, la cantidad de mujeres en todos los niveles educativos empieza a igualarse a la de los hombres, y en algunos casos la supera. Se empieza a conformar así una tendencia que aumenta y dura hasta nuestros días, en la que las mujeres se han matriculado ligeramente más que los hombres en la mayoría de los estudios postobligatorios.

En lo que sí que sigue habiendo notables diferencias es en la elección de estudios, lo cual va aparejado al proceso de feminización de ciertas profesiones tras la Transición. La mayoría de las mujeres que cursan Formaciones Profesionales escogen estudios relacionados con el cuidado personal o de la comunidad (imagen personal, servicios  socioculturales,  servicios  a  la  comunidad, auxiliar de enfermería), y son minorías en grados que aportan cualificación técnica (mecánica, informática, electricidad y electrónica).

Tanto las primeras leyes educativas de la democracia, como la más completa LOGSE (1990), reconocen la necesidad de acabar con la discriminación por sexos en la educación y de realizar una actividad educativa que brinde una verdadera igualdad de oportunidades, tanto entre etnias como entre clases o sexos. En lo que aquí nos concierne, que es esa diferencia por géneros, cabe preguntarnos si realmente las leyes educativas de los años noventa y dos mil han conseguido esa igualdad entre sexos de la que se vanaglorian.

Muchas de las autoras que han estudiado este proceso, sobre todo el de los años de la Transición, afirman que la implantación de la escuela mixta y la igualdad de oportunidades de las mujeres en todos los niveles educativos con respecto a los hombres, no fue resultado ni de un debate pedagógico en el que participase la comunidad educativa como tal, ni de una lucha reivindicativa de mujeres. La implantación de la escuela mixta y de la igualdad de condiciones y oportunidades es resultado de la necesidad de legitimar un sistema educativo en el que, al menos formalmente, haya desaparecido la diferencia de trato de los individuos. Pero treinta años después comprobamos que esos objetivos no se han cumplido: ni las posibilidades de acceso a las enseñanzas superiores son las mismas para todas las clases sociales, ni todos los niños sean de familia rica o pobre reciben la misma educación ni en las mismas condiciones en el colegio de su barrio, ni mujeres y hombres acceden a los mismos tipos de estudios, ni tienen las mismas oportunidades de acceso al mundo laboral con el mismo título.

Las mujeres han completado hoy su acceso al mundo laboral en España, y lo han hecho sobre todo a través de trabajos del sector servicios para los cuales se requiere una formación superior. Esta tendencia, sin embargo, va acompañada de ciertas desigualdades que nos hacen preguntarnos si esa educación mixta y ese derecho de la mujer a estudiar en cualquier nivel educativo han conseguido los objetivos que supuestamente se perseguían. Las estadísticas confirman que la posesión de títulos de FP y universitarios ayudan antes a los hombres a encontrar trabajo, y a encontrar trabajos mejores; además, se constata que el valor de los ingresos profesionales de los hombres es superior al de las mujeres que tienen el mismo nivel de estudios.

En esta etapa educativa, la mujer estudiante juega un papel muy importante que abordaremos en el presente documento a través de las estadísticas de los últimos años. El objetivo es examinar la presencia de las alumnas tanto en la Educación Secundaria Obligatoria como en el Bachillerato atendiendo también a datos socioeconómicos, las tendencias al optar por la salida al mundo laboral o por la continuación de su formación y su rendimiento académico, entre otros aspectos significativos.

Estadísticas

En el curso 2014-2015, las cifras eran diferentes y se aprecia una leve evolución desde entonces, pues observamos que el 95,7% de las mujeres formaban parte del sistema educativo; 28,6% en la ESO y 66,9% en el Bachillerato. El resto, un 0,2%, estudiaba en las Escuelas de Adultos (dato referente al 2015) igual al 0,2% que lo hacía en 2020.

En el caso de 2014-2015, el 11,0% de mujeres de 17 años cursaba la ESO y el 79,5% en el Bachillerato. El 0,7% estaban matriculadas en Escuelas de Adultos en 2020 frente al 0,9% en 2014, y el 0,2% frente al 0,0% en Educación Superior en ambos períodos de tiempo, respectivamente.

El porcentaje de alumnas en ESO correspondía al 1,0% en 2020 frente al 1,1% de cinco años antes. El 29,8% estudiaba en la educación secundaria postobligatoria en 2020 frente al 34,2% del curso 2014- 2015. Por otra parte, el 48,1% de las mujeres de 18 años cursaba educación superior (2020) frente al 42,5% (2015), mientras que el 3,4% (2020) lo hacía en escuelas de adultos frente al 3,8% (2015).

El porcentaje de mujeres estudiantes de Bachillerato que promocionaron curso durante el período de 2018-2019 fue del 87,9% en el primer curso y el 85,5% en el segundo, cantidad que supera a la de los hombres: 83,0% y 80,7% en cada curso, respectivamente.

En cuanto a la distribución porcentual del alumnado de Bachillerato según la modalidad cursada, comprobamos a través de los datos del curso 2019- 2020 que la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales es cursada por una mayor cantidad de mujeres, en concreto, el 49,4% frente al 43,1% de hombres. Por su parte, un 43,5% de alumnas de Bachillerato se decantan por la modalidad de Ciencias y Tecnología, porcentaje menor que en el caso de los alumnos (un 52,6%). Finalmente, por lo que respecta a las Artes, un 7,1% de mujeres estudiantes elige cursarla, frente al 3,4% de los hombres estudiantes de Bachillerato.

Cabe señalar del mismo modo el porcentaje de mujeres aprobadas en las Pruebas de Acceso a la Universidad el año 2020. Un 91,8% de las matriculadas aprobaron en la convocatoria de junio frente al 73,2% en la convocatoria siguiente correspondiente a la extraordinaria. Esta cifra es algo mayor que la de los hombres aprobados.

El abandono tras la educación obligatoria es otro factor relevante digno de atención y análisis. Según las estadísticas oficiales, el porcentaje de mujeres de 18 a 24 años que no ha completado el nivel de Educación Secundaria de segunda etapa y que no sigue ningún tipo de formación fue en el año 2019 del 16,0%; cifra que ha registrado un ligero aumento desde 2005, cuando el porcentaje se situaba en el 15,8%. La diferencia en el abandono educativo temprano con respecto a los hombres estudiantes es de poco más de diez puntos más para ellos.

Sobre las necesidades educativas especiales en el curso 2019-2020, fueron un 1,8% de mujeres en la ESO las que las necesitaron y un 0,5% en el Bachillerato, frente al 4,0% y 1,2% de los hombres en uno y otro nivel respectivamente.

En cuanto al acoso escolar este es un fenómeno de violencia interpersonal injustificada que ejerce una persona o grupo contra sus iguales en el contexto educativo y que tiene efectos de victimización en quien lo recibe. Esta violencia puede ser física o psicológica, y se produce de forma continuada en el tiempo. La socialización diferenciada en función del sexo, que comienza desde los primeros niveles educativos, crea unos estereotipos de género que favorecen la desigualdad y contribuyen al acoso escolar cuando el alumno o alumna no sigue dichos estereotipos o pautas. En la Educación Secundaria es cuando se pronuncian en mayor medida las diferencias entre los comportamientos de ambos sexos

Debemos dedicar especial atención a problemas que pueden llegar a tener las estudiantes, especialmente durante sus estudios en el instituto, y con razón de su género, puesto que en muchas ocasiones se encuentran desprotegidas y no cuentan con el apoyo de docentes y orientadores del centro. Esta desprotección se ve agravada por los constantes ataques a la educación pública, ya que con la mayor carga de trabajo a los profesores (masificación de aulas, aumento de horas…) estos no tienen las suficientes herramientas para poder hacer seguimiento o siquiera advertir determinadas situaciones.

Una de las problemáticas que entra dentro de las que tienen las mujeres que enfrentar por el hecho de ser mujeres, es el acoso sexual en institutos a alumnas por parte de profesores. Este se da en porcentajes más elevados que en otros niveles educativos, y genera una especial preocupación a nivel social ya que en la mayoría de ocasiones no existe un mecanismo para que las víctimas puedan denunciar la situación, dándose el caso de que los docentes implicados continúen dando clase en el mismo centro sin que se sepa más allá de las paredes del aula, llegando a reincidir. Este es un problema que afecta especialmente a las mujeres estudiantes, y justo en la edad en la que cursan sus estudios en institutos y CEIP las alumnas se encuentran en un grado de mayor vulnerabilidad, puesto que es durante la adolescencia cuando está fraguándose la adulta que será en un futuro y la falta de autoestima e inseguridades propias de esta etapa forman un caldo de cultivo del que el agresor se aprovecha.

Otra situación para tener en cuenta son los embarazos adolescentes. En 2020, SEDRA-Federación de Planificación Familiar situaba que el número de abortos en España como consecuencia de embarazos no deseados a causa de una inexistente educación sexual habían aumentado. En un contexto en el que a los estudiantes de familias obreras cada vez les es más complicado estudiar y el bolsillo del pueblo trabajador hace mella, las perspectivas de futuro se desmoronan. Con esto, la idea de maternidad y las relaciones sentimentales tóxicas van cobrando una mayor importancia entre los adolescentes. Los recortes en programas de educación sexual e incluso el peso que pueda llegar a recuperar la religión en la educación terminan por agravar la situación.

La mayoría de estos centros son de carácter religioso y aseguran que la educación diferenciada aumenta el rendimiento de los alumnos; sin embargo, diversos estudios desmienten dicha afirmación y ponen sobre la mesa que separar a niños y niñas aumenta los estereotipos de género y legitima el sexismo institucional.

Por último, y no por ello menos importante, es revelador examinar el índice de salarios anuales en 2014 según el nivel de formación alcanzado y las diferencias entre hombres y mujeres, poniendo el foco sobre las Enseñanzas Medias. En el caso de las mujeres que han alcanzado la primera etapa de Educación Secundaria, si el índice medio salarial se encuentra en el 69,7, el de ellas se sitúa en 61,7, frente al 70,3 de los hombres que han cursado la misma etapa. Por otro lado, el índice salarial en el caso de los asalariados que poseen estudios de la segunda etapa de la Educación Secundaria es de 86,2, pero se reduce a 69,4 para las mujeres y se eleva a 96,3 para los hombres.

La Formación Profesional es el nivel educativo que más se intenta incentivar, y en el curso 2020-2021 hubo un aumento respecto al curso 2015-2016 del 14,3% en Grado Medio y del 40,6% en Grado Superior. La mujer en Formación Profesional representó ese curso el 29,7% del alumnado en FP Básica, el 43,9% en Grado Medio y el 47,8% en Grado Superior. Si bien cada vez tiene una mayor presencia, su situación no difiere especialmente en comparación a otros niveles educativos, donde hay una división de grados según sexo, siendo en la FP titulaciones con alta presencia femenina Imagen Personal, Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Sanidad; y siendo mucho más baja en Instalación y Mantenimiento, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, y Electricidad y Electrónica.

Actualmente, a nivel europeo, en 2020 el 48,4% de los estudiantes estudió FP, del que el 44% eran mujeres. La menor presencia de las mujeres en la FP es algo que se repite en todos los Estados de la UE exceptuando Bélgica (52%). España es uno de los países con mayor presencia femenina en formación profesional, con el 44,8% de alumnas, pero seguimos viendo una división en lo que respecta a la presencia de mujeres según el tipo de estudios. Siendo así, el pasado curso 2015-2016 cerraría con las estadísticas de matriculación siguientes:


Contrastando con datos del curso 2005-2006, la brecha entre hombres y mujeres era aún mayor, lo que viene llamando especialmente la atención en las ramas de edificación y obra civil (6,7%); madera y mueble (4,7); fabricación mecánica (2,3); electricidad y electrónica (2,2%); mantenimiento y servicios a la producción (1,9%); mantenimiento de vehículos (1,6%); y marítimo pesqueras (8%). Si atendemos a datos del anterior curso 2013-2014, vemos cómo ha habido una leve variación en la representación femenina en la FP, siendo del 43,2 en Grado Medio (un aumento del 0,2%) y 48,1 en el Grado Superior (que supone un descenso del 0,4).

Según el CEAC (Centro de Estudios a Distancia), en el grado de Laboratorio de diagnóstico clínico el 85,53% eran mujeres, y junto al grado en Dietética (75,86), supondría uno de los títulos más feminizados. Otras titulaciones en la lista serían Administración y Finanzas (84’38%), Gestión Administrativa (86’07%), Técnico en farmacia y parafarmacia (84,73%) y Técnico Superior en Comercio Internacional (59,49%). También llamaron la atención sobre la baja presencia en las FP relacionadas con la industria. Actualmente, las estudiantes matriculadas en FP a distancia suponen un 61,1%.

Si bien en los últimos años vemos un incremento de mujeres estudiando en la FP, siendo un 44,8% del total de los estudiantes en el 2019, ha disminuido el porcentaje de módulos superados por las mujeres mayores, como vemos en la anterior gráfica, esto no se ha traducido en una mayor inserción laboral:

Con los datos anteriores podemos establecer una serie de conclusiones claras en torno a la situación objetiva de la mujer en la FP.

En esta rama educativa se continúa observando las consecuencias de la división sexual del trabajo de una manera mucho más directa. Observamos cómo todavía permanecen determinados estudios donde la presencia de la mujer es residual o incluso nula; así como otros estudios donde se da el proceso inverso.

La mujer no elige ciclos relacionados con el sector industrial, sino que predomina en el sector servicios y además en grados cuyo nivel de inserción laboral es más bajo, ya que el número de mujeres que trabaja tras finalizar su FP es menor, y por tanto las condiciones tras sus estudios serán peores.

La mujer inicia su entrada en la universidad española en el siglo XIX, pero no es hasta 1910 cuando se regula su situación. Tras ello el número de mujeres ha aumentado muy rápido: en 1940, representaban el 12.6% de los universitarios. En 1970, el 31%; en 2000, el 53% y el 55,3% en 2020. La tasa de éxito es mayor que la de los hombres.

Al igual que en la FP, aunque no tan elevada, continua habiendo una clara tendencia a la división por sexo de determinadas titulaciones. Así vemos como mientras que en Ciencias de la Salud, Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas el porcentaje es mayor de mujeres que de hombres; en Ingeniería y Arquitectura el porcentaje no alcanza el 30% debido a los roles históricos del ámbito privado a los que la mujer ha estado sometida. Como vemos en la siguiente gráfica con datos actuales, vemos cómo esta tendencia se mantiene.

Esto demuestra, por un lado, que el acceso a los estudios superiores por parte de las mujeres fue dificultoso y un logro y un avance de la sociedad. Se ha de entender que, en un primer momento y hasta la democratización del acceso a la universidad que se dio en los ochenta gracias a las luchas estudiantiles, el perfil mayoritario de mujeres que tenían acceso a la universidad eran pudientes, esto es, que la gran mayoría de las mujeres seguían sin tener acceso a la universidad.

Por otro lado, que aunque a día de hoy en la mayoría de ramas hay más mujeres universitarias que hombres,  sigue  existiendo  esa  idea  de  que  hay carreras más enfocadas al hombre

Hasta ahora se ha abordado la cuestión de la mujer en tanto que estudiante. Sin embargo, y a pesar de que el FdE es un sindicato de ámbito estudiantil, cabe hacer un breve esbozo de la realidad de la mujer trabajadora en el ámbito de la educación.

¿Por qué es importante esta cuestión para el estudiantado? Es necesario que el sindicato estudiantil y su militancia conozcan la realidad de los y las trabajadoras de su centro de estudios. Por un lado, porque las estudiantes de hoy, mañana seremos  esas  trabajadoras  a  las  que  nos  referimos, y es importante conocer la realidad de un sector tan feminizado como lo es la educación. Por otro, porque los y las estudiantes tenemos también que conocer la situación de esas trabajadoras con las que compartimos nuestra realidad más inmediata y cuyas reivindicaciones debemos apoyar, tratando de avanzar hacia la unidad en la lucha del conjunto de la Comunidad Educativa.

Sin embargo, llegados a este punto, vemos que nos enfrentamos a una importante barrera: la escasez de fuentes de información que describan de forma global y objetiva cuál es esta situación. Precisamente éste, también es un elemento a destacar, pues aun siendo la enseñanza un sector con un mayor porcentaje de trabajadoras, las instituciones no se han ocupado en analizar en profundidad esta cuestión. Como vemos, es un espectro muy amplio que engloba diversas categorías laborales con una realidad que, aunque común, es muy diversa. Dadas estas  circunstancias,  abordaremos  la  cuestión planteando un análisis tanto cualitativo como cuantitativo que nos permita estudiar esta cuestión de la forma más completa y rigurosa.

En un primer lugar atenderemos a la mujer trabajadora en la educación en los puestos que comprenden los diferentes niveles de la Administración Pública, pues es de esta forma como mejor se pueden organizar los datos estadísticos.

Cabe señalar que la educación es un ámbito en el que hay más mujeres que hombres, representan un 66,5% del total de trabajadores de la enseñanza (EPA). Para analizar en profundidad esta cuestión, nos remitimos a los datos objetivos incluidos en el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas de julio de 2016, en el cual se incluyen tres categorías: personal funcionario, personal laboral y otro tipo de personal.

El personal funcionario de carrera sería aquel que ha  superado  un  proceso  selectivo  de  oposición, dispone de un nombramiento en el que se reconoce dicha condición y trabajan para la Administración Pública. Aquí encontraríamos, en julio de 2016, 115.520 hombres frente a 259.222 mujeres. En cuanto al personal laboral -aquel que en virtud de un contrato de trabajo presta servicios retribuidos por  las  Administraciones  Públicas-,  habría  8.617 hombres y 33.927 mujeres.

Por último, se engloban en la categoría de “otro personal” las tipologías de personal eventual (quien, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, realiza funciones de confianza o asesoramiento especial); funcionarios interinos (quienes son nombrados para el desempeño de funciones propias de personal funcionario de carrera cuando se den las circunstancias recogidas en el artículo 10  del  Real  Decreto  legislativo  5/2015,  de  30  de octubre); funcionarios de plazas no escalafonadas (declarados a extinguirse por la Ley 30/1984, de 2 de agosto). Sabemos, sin embargo, que la mayoría de los puestos de trabajo englobados en esta categoría se corresponden a los llamados interinos. En total atendemos a las siguientes cifras: 33.823 hombres y 79.510 mujeres.

De estos datos se extrae que la enseñanza no universitaria es un sector extremadamente feminizado, donde hay una gran mayoría de mujeres trabajando.

Sin embargo, la otra cara de la moneda son las enseñanzas  universitarias,  en  las  cuales  analiza- remos las mismas categorías que las analizadas anteriormente. Haremos una clara diferenciación entre Personal de Administración y Servicios (PAS) y Personal Docente y de Investigación (PDI). Así, en cuanto al PDI observamos que el personal funcionario es de 27.877 hombres frente a 15.507 mujeres; el personal laboral de 31.110 hombres frente a 24.744 mujeres; en cuanto a otro tipo de personal encontramos 480 hombres y 349 mujeres. Por otro lado, si miramos las cifras correspondientes al PAS, observamos que el personal funcionario es de 8.546 hombres y 16.936 mujeres; el personal laboral es de 11.219 hombres y 9.028 mujeres; y otros tipos de personal suponen 1.846 hombres y 4906 mujeres.

Hasta ahora se han presentado los datos de las fuentes oficiales. Sin embargo es necesario ana- lizarlos. En primer lugar, se atenderá a la cuestión de la igualdad económica, esto es, la igualdad salarial entre hombres y mujeres en el ámbito de la educación. En este sentido vemos que dentro de este sector concreto, el de la enseñanza, se establece una segregación vertical que determina que las mujeres ocupen los puestos peor pagados y con menor valoración social. Si nos remitimos a las cifras, vemos como en las primeras fases de la educación,  peor  remuneradas,  nos  encontramos a una mayoría de trabajadoras frente a una minoría de hombres que, sin embargo, son mayoría en las enseñanzas universitarias y en concreto como Personal Docente y de Investigación. Es decir las diferencias salariales entre los primeros niveles educativos  y  la  universidad  son  considerables, encontrándonos una mayoría de mujeres en el escalón de los niveles peor pagados.

Esto, por otro lado, no es casualidad. Si hacemos una valoración cualitativa de los puestos en los cuales nos encontramos a una mayoría de mujeres, son aquellos que están enfocados a los cuidados, es decir, esas tareas que históricamente han estado asociadas a la mujer, de carácter reproductivo y todo lo inmediatamente relacionado con ello (educación, enfermería, etc.), mientras que al hombre se le atribuía el trabajo productivo. Vemos una mayor feminización en las enseñanzas no universitarias de tal forma que en las primeras fases, donde el alumnado aún necesita de una mayor atención, es mayor el porcentaje de mujeres trabajadoras en cualquiera de los ámbitos. Observamos cómo los sectores laborales ocupados mayoritariamente por mujeres responden a aquellos basados en labores de cuidados. Esos roles que le son atribuidos a la mujer  en  la  economía  doméstica,  son  posteriormente reproducidos en el momento en el que la mujer accede al mercado laboral.

En este panorama tan feminizado, la universidad es la excepción. En cuanto a PDI hay una mayoría de hombres. Estos puestos coinciden con los de un mayor salario. Sin embargo, los puestos referentes a la Administración y Servicios (PAS), el número de mujeres prácticamente duplica al de hombres.

En conclusión, observamos que por un lado existe una brecha de género vertical por la cual las mujeres hegemonizan los puestos de trabajo donde el salario es más bajo y que, por otro, estos mismos puestos son la reproducción en el ámbito laboral de los roles socialmente atribuidos a la mujer. De esta forma, sólo el 21% de profesoras universitarias son catedráticas y únicamente existen 3 rectoras en todo el Estado.

En materia de personal docente y de administración la situación es más o menos similar a la del sector público, si bien es cierto que existe una notoria diferencia salarial entre ambos sectores así como una diferencia y empeoramiento de las condiciones laborales en el sector privado. Sin embargo, en cuestión de cifras y porcentaje de mujeres en los diferentes niveles, éstas se corresponden al análisis realizado anteriormente.

Por otro lado nos topamos con los servicios externalizados, aquellos servicios públicos explotados por empresas privadas. Esto no sólo tiene unas nefastas consecuencias en cuanto a las condiciones laborales de los y las trabajadoras del servicio externalizado, así como de la calidad del propio servicio (que en el ámbito de la educación reciben los estudiantes), sino que también supone ahondar en la brecha salarial de género, mayor en el sector privado que en el sector público. Esto nos lleva a la conclusión de que la privatización de servicios, de tendencia creciente en la educación y en especial en  las  universidades,  favorece  la  discriminación salarial de género.

Además de esta cuestión, cabe señalar que dentro de los servicios externalizados encontramos algunos de ellos muy feminizados, tales como la limpieza o en menor medida la reprografía; y otros tremendamente masculinizados como pueden ser los relativos a las cuestiones de seguridad.

El Frente de Estudiantes se posiciona al lado de toda reivindicación que apoye la igualdad entre mujeres y hombres dentro de los centros de estudio en todos los sectores y niveles educativos. Nos oponemos a cualquier tipo de discriminación y segregación por cuestiones de género, interviniendo en nuestro trabajo diario y de base en las problemáticas de este ámbito que se den en los centros de estudio. El FdE apostará de manera decidida por la organización de la mujer en los centros de estudio para el trabajo de nuestras reivindicaciones, asegurando la igualdad real en nuestra estructura sindical y persiguiendo todo acto discriminatorio que pueda darse en la misma.

Desde el Frente de Estudiantes consideramos que la mujer ha avanzado históricamente gracias a su lucha, una lucha que heredamos y mantenemos para poder llegar a las reivindicaciones posteriormente expuestas. La mujer estudiante, en especial aquella de extracción obrera y popular, ha conseguido romper con roles y discriminaciones impuestos históricamente por la división sexual del trabajo, pero muchos de estos continúan presentes y arraigados en nuestra sociedad y, por tanto, en nuestro sistema educativo. La mujer ha entrado en el ámbito social público, pero en una situación de inferioridad económica y en cuanto a los puestos de dirección, fruto, en muchas ocasiones, de las ramas educativas o estudios que se eligen a raíz de la perpetuación de estos roles en la actualidad.

En  resumen,  los  avances  de  la  mujer  han  sido muchos, pero todavía queda mucho por hacer y conquistar. Por ello, desde el Frente de Estudiantes, destacamos las siguientes reivindicaciones y propuestas concretas:

  • Crear una Ley Educativa, con el aporte de toda la comunidad educativa donde:
  1. Estén contemplados todos los mecanismos necesarios para acabar con la discriminación de género y respete la diversidad sexual.
  2. Se tenga en cuenta a las principales autoras y mujeres que determinen y hayan determinado la historia y la ciencia u otras disciplinas artísticas y literarias, así como contenidos en torno a la lucha y los avances que la mujer ha dado a lo largo de la historia. Elemento que debe darse de una manera obligatoria para todos los centros y docentes. ·
  3. Esta Ley deberá incidir en una educación que conciencie desde los primeros años de la Educación Infantil y deberá estar dotada de formación especial en educación afectivo-sexual.
  4. Asegurar la igualdad salarial entre hombres y mujeres en todos los centros de estudio, así como establecer los mecanismos necesarios para que la mujer llegue a puestos de dirección en igualdad con los hombres.
  5. Establecer las medidas necesarias para asegurar la conciliación familiar en igualdad de géneros, acabando así con el papel reproductor y cuidador asignado tradicionalmente a la mujer.
  6. Eliminar todas las instituciones educativas que fomenten la segregación sexual, ya que perpetúan los roles históricos y estereotipos tradicionales.
  7. Exigir a todo centro e institución educativa que esté dotado de un protocolo contra las agresiones sexuales y la discriminación de género.