Hacia la huelga del 26 y 27 de noviembre. Salvemos la pública, acabemos con la LESUC.
Los próximos días 26 y 27 de noviembre, estudiantes y trabajadoras de la Comunidad de Madrid nos unimos en una huelga de dos días como consecuencia de la situación de asfixia a la que se ha sometido durante años a las universidades públicas madrileñas.
Esta situación no es casual ni fruto de la incompetencia, sino que nace de una estrategia deliberada que busca hacer de los centros privados y la mercantilización de la educación el eje central de la educación superior madrileñas, y que viene siendo implementada desde hace más de una década a través de dos dimensiones fundamentales: la infrafinanciación económica y el desarrollo legislativo. Respecto de la primera, ya en 2015 el Tribunal Supremo condenaba al gobierno de Esperanza Aguirre a pagar más de 280 millones de euros —a repartir entre las seis universidades públicas madrileñas (URJC, UCM, UAM, UC3M, UAH y UPM)— por incumplir los acuerdos económicos pactados al inicio de su mandato, dejando de abonar grandes cantidades destinadas a infraestructuras y a la mejora de la docencia y la investigación.
Este dinero sirvió como “parche temporal” para que las instituciones universitarias pudieran sobrevivir durante los 7 años siguientes, mientras el gobierno de Ayuso se consolidaba como el que menos invierte del país, situándose un 21% por debajo de la media española. Una vez se ha acabado el dinero fruto de la sentencia, la política de infrafinanciación ha dejado en números rojos a cinco de las seis universidades públicas. No extraña la consolidación de esta crisis, si consideramos que la financiación que destina la Comunidad de Madrid a las universidades públicas es inferior a la de 2009. Si a esto sumamos que el IPC ha aumentado un 34,9% desde entonces, la inversión real se ha reducido aún más, dificultando el mantenimiento de la calidad docente, la renovación de infraestructuras y la cobertura de los costes salariales. A pesar del crecimiento del sistema universitario y del aumento de sus necesidades, el presupuesto se ha mantenido prácticamente congelado desde antes de la crisis de 2008.
En el ámbito legislativo, para entender la Ley de universidades del gobierno de Ayuso (LESUC) es necesario remontarse a la aprobación, en 2023, de la LOSU, impulsada por el ministro socialdemócrata Castells, que, en continuidad con el Plan Bolonia, sentó las bases de la privatización y mercantilización del sistema público universitario. Entre otras medidas, esta ley introduce la financiación plurianual y basada en objetivos, una mayor presencia de centros privados en servicios públicos universitarios y un refuerzo del papel de los Consejos Sociales, órgano de representación del tejido empresarial (disfrazado como “sociedad civil”) en el sistema universitario; paralelamente, se refuerza la capacidad represiva de las universidades mediante el marco sancionador de la LCU.
La LESUC se presenta entonces como una continuación agravada de esta ley, profundizando en el ataque directo a las universidades públicas madrileñas. Su modelo de financiación se basa en tres ejes —por objetivos, básica y por necesidades—. La Comunidad de Madrid solo cubrirá hasta el 70% del presupuesto universitario, una cifra ya demostrada insuficiente para cubrir los gastos reales, lo que obliga a las universidades a depender de fondos externos ligados a intereses empresariales o sectores como la industria armamentística. Por otro lado, la financiación por necesidades se centra únicamente en nuevas infraestructuras, sin contemplar el mantenimiento de las actuales; y la financiación por objetivos condiciona los recursos al cumplimiento de metas fijadas por la Comunidad de Madrid, lo que puede llevar al cierre de programas o grados considerados poco rentables o que no respondan directamente a los intereses del gobierno de Ayuso y del sector empresarial. Además, la propuesta de ley sienta las bases ideológicas para desacreditar a la universidad pública1 y, al mismo tiempo, las bases materiales para el asentamiento y desarrollo de centros privados. Como hemos podido ver hace escasos días con el anuncio de la futura aprobación, este 11 de diciembre, de una nueva universidad IE en la CAM.2 Esta nueva aprobación supondría la existencia de 14 universidades privadas frente a las 6 públicas que existen en la Comunidad de Madrid.
La LESUC, en continuidad con la LOSU, continúa reforzando la figura de los Consejos Sociales, que cada vez se consolidan más como órganos con una mayor capacidad de decisión en la gestión universitaria y con una clara sobrerrepresentación de los empresarios e infrarrepresentación del estudiantado. Los borradores de esta ley revelan nuevas competencias para estos Consejos que los vinculan directamente al proceso de privatización previamente señalado.
Para blindar todos estos cambios, y en respuesta al auge de las movilizaciones obreras y estudiantiles durante los últimos años, la ley autonómica instituye un nuevo régimen sancionador de carácter marcadamente represivo y autoritario. Así, se establecen multas de hasta 15.000€ por colgar pancartas o hasta 100.000€ por la realización de piquetes y encierros, que tienen el objetivo claro de reprimir la protesta estudiantil por los medios más coercitivos a los que un gobierno autonómico y la propia institución universitaria pueden tener acceso, más allá de la propia invasión del espacio universitario por parte de la policía.
El curso pasado, tras la filtración del primer borrador de la ley de universidades, nacieron las Asambleas por la Pública, configurándose como el espacio de debate y trabajo desde el que estudiantes y trabajadoras articulamos una respuesta conjunta para frenar el proyecto de ley. Nuestras demandas son claras frente a las políticas privatizadoras y de mercantilización de la universidad: una financiación que permita el desarrollo de la labor docente y de investigación, la paralización del proyecto de ley de la LESUC y la apertura de un proceso de diálogo con el conjunto de la comunidad universitaria, esto es, PDI, PTGAS y estudiantes, y el desarrollo de un sistema educativo al servicio de la clase trabajadora y de sus hijos e hijas. Tenemos claro que todas estas reivindicaciones no se van a cumplir si no las luchamos y exigimos, por lo que, una vez más, la unidad entre trabajadores y estudiantes se demuestra como el único escenario real capaz de cumplir nuestros objetivos.
Desde el Frente de Estudiantes, continuamos trabajando en cada una de las universidades públicas en la preparación de esta huelga, una huelga que será solo el pistoletazo de salida de un ciclo movilizatorio que nos permita acercarnos, poco a poco, a una educación pública, gratuita y verdaderamente al servicio del pueblo trabajador.
