La Ley Orgánica del Sistema Universitario: punto (¿y final?) de una reforma al servicio del interés privado.

Para quienes durante los últimos meses hayan estado atentos a la serie de decretos, medidas y declaraciones promovidas por el Ministerio de Universidades, la aparición a finales de agosto del primer borrador de la novísima Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) no les habrá pillado desprevenidos. Para quienes hayan estado atentos a lo que decían dichos decretos y declaraciones, el contenido de esta nueva ley tampoco. Y es que la reforma integral del sistema educativo ha sido desde el principio una de las principales banderas del “Gobierno Progresista” y, dentro de esta, la del sistema universitario ha venido siendo presentada por el ministro Castells medida a medida a lo largo de los últimos meses. La ley no trae así muchas novedades y en gran medida plasma lo ya anunciado.

El apartado destinado a la calidad universitaria es el que más claramente cumple con este carácter, aunque también lo hace el dedicado a la organización curricular. Sin prácticamente novedades, la ley viene a dotar de marco legal a las medidas que en este sentido se planteaban ya en el Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias: calidad es para el ministro acatamiento de las directrices de la Unión Europea y el texto se esfuerza por situar todos y cada uno de los procedimientos de creación, revisión y certificación de universidades y títulos bajo la autoridad de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Evaluación), encargada de la aplicación de las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior en nuestro país. Por su parte, la Mención Dual y la flexibilidad curricular también reciben su regulación dando base a lo que ya anunciamos: la triple escala salaria -es decir, la posibilidad de tres niveles salariales distintos para un mismo puesto de trabajo y la producción hiperespecializada de mano de obra al servicio de las necesidades de las empresas. Lo que antes era fraude, ahora se regulariza y habrá estudiantes ocupando puestos de trabajo, pero con unas condiciones mucho peores que las que exige la normativa laboral, ya de por sí insuficiente. Es decir, ante la reivindicación de prácticas remuneradas, se hace trampa y se genera un nuevo marco legislativo que más que dotar de nuevos derechos al estudiantado, lo que hace es presionar a la baja las condiciones generales del pueblo trabajador.

Más novedosas son (por desconocidas) las reformas de la estructura de gobierno de las universidades, en las que la ley opta por la continuidad con el modelo establecido en la anterior LOU reforzándose la corporativización de todos los órganos y las competencias del Consejo Social. Este último es elegido por la Asamblea de las CCAA entre “personalidades” ajenas a la comunidad universitaria, lo que de facto ha supuesto su composición por miembros de las principales compañías privadas interesadas en el ámbito universitario, y se erige como la dirección efectiva de la Universidad al mantener bajo su competencia toda la dirección económica de la misma.

El nuevo anteproyecto de ley refuerza el papel del Consejo y lo aleja aún más de cualquier mínimo control de la comunidad universitaria, desapareciendo la pertenencia al mismo del rector y los representantes de estudiantes, PAS y PDI, mientras trata de ejecutar un movimiento parecido en torno a la figura del rector. Este pasa a poseer competencias para elegir a decanos y directores de todas las facultades, escuelas y demás instituciones universitarias a la vez que se abre la posibilidad de que deje de ser elegido directamente y pase a serlo por un órgano específico. En ambos casos, y pendientes todavía de conocer el texto definitivo en el que, por la presión de la comunidad universitaria, resulta posible que el Ministro de marcha atrás con algunas de estas medidas, el alejamiento de los órganos de gobierno universitarios de la elección y control de la comunidad universitaria es la seña de identidad de la nueva ley.

Finalmente, la LOSU regula extensamente la investigación y las figuras laborales del PDI buscando asegurar un mínimo de dedicación de tiempo y recursos a la investigación universitaria, así como profundizando en la regulación de espacios de colaboración público-privada. De esta forma, los cambios introducidos en la regulación laboral del PDI buscan la limitación de horas de docencia y la estabilización y reducción de la precariedad entre este personal a fin de consolidar y mejorar la producción universitaria. A su vez, se regula la creación y participación de las universidades en “empresas basadas en el conocimiento” a través de las que se articula la explotación mercantil de patentes y resultados investigadores tanto por parte de la universidad como de otras entidades colaboradoras de estos proyectos. Una regulación, en ambos casos, dirigida al impulso y la mejora competitiva del sistema productivo español a través de la interrelación entre actividad investigadora y beneficio privado.

No negamos, igual que ya señalamos con la Mención Dual, que la regulación de determinadas situaciones de extrema precariedad como es el caso de ciertos grupos del PDI supone una mejora en las condiciones de trabajo y estudio evidente para ciertas personas y entendemos que despierte una comprensible simpatía. Sin embargo, al igual que en el primer caso señalamos cómo la introducción de la Mención Dual precarizaba aún más la mano de obra estudiantil y presionaba a la baja las condiciones de trabajo, en el caso de la investigación no podemos dejar de señalar cómo la reforma de Castells no hace más que apuntalar la sumisión de la investigación científica a las necesidades privadas del capital. A través del refuerzo de su carácter de producción específica regida por los intereses del Consejo Social y las compañías introducidas en el ámbito universitario, la investigación se convierte en el chiringuito de unos pocos, alejada de su atención y servicio a las necesidades sociales.

La LOSU viene así a confirmar, reforzar y dotar de fundamento legal a una reforma que, desde el Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias hasta la Ley de Convivencia Universitaria, el ministro ha ido desgranando acompañado de titulares en los que la palabra “calidad”, “participación” y “modernización” eran el motivo recurrente. Su propuesta, quería decirnos el ministro, es la de la comunidad educativa para la comunidad educativa, una propuesta consultada y realizada de acuerdo con las necesidades de la Universidad que pondría fin a los abusos, la precariedad y los problemas del estudiantado.

Lamentablemente para el ministro y tal y como denunciábamos desde el Frente de Estudiantes saliendo a las calles en todo el país el pasado 6 de mayo, su reforma ni ha sido producto de la participación de la comunidad universitaria ni defiende sus intereses. Su carácter democrático, si ya demostrado falso por la nula participación real y masiva, desde los centros de estudio, de la comunidad universitaria, se muestra ahora en su profunda hipocresía con las reformas introducidas en el gobierno universitario. La reforma es, sin duda, una puesta a punto del sistema universitario, pero no para la atención de las necesidades del estudiantado y el pueblo trabajador, sino para la satisfacción de los intereses privados nacionales y comunitarios a través de la supeditación de la educación superior a sus necesidades específicas de mano de obra y de producción científico-técnica.

En conclusión, desde el Frente de Estudiantes no podemos más que denunciar el carácter antipopular de una reforma que, lejos de un modelo de Universidad destinado al servicio a la sociedad a través de la formación integral y la investigación científica, convierte a la Educación Superior en una máquina de producción de mano de obra jerarquizada, hiperespecializada y flexible a las demandas del mercado. Frente al futuro de explotación que nos venden y las nostalgias de un pasado que no existe, desde el FdE sabemos que únicamente la organización de nuestras propias fuerzas es la llave para la construcción de una educación a nuestro servicio. Por ello, frente a cada abuso e injusticia, frente a su crisis y su reforma, llamamos al estudiantado a organizarse en cada centro de estudios para abrir la posibilidad de nuestro propio proyecto, de un futuro en el que la educación se encuentre al servicio de la mayoría social y no de los beneficios de unos pocos.