• Derogación de la LOMCE en su totalidad.
  • Redacción de una nueva Ley de Educación para la cual se tome como pilar fundamental las propuestas y reivindicaciones de las distintas organizaciones que componen la Comunidad Educativa (sindicatos de trabajadores, organizaciones estudiantiles, asociaciones de padres y madres, etc.), y que reconozca la Educación como un derecho universal.
  • Sustitución de las Pruebas de Acceso a la Universidad como un sistema de promoción; y orientación de estudios basado en el rendimiento, las capacidades y las aptitudes del alumnado, teniendo en cuenta los dos años de bachillerato y las inquietudes del estudiante. Se pone aquí por su globalidad e importancia.
  • Homogeneización de los planes docentes y los métodos de evaluación de las asignaturas troncales a nivel estatal, permitiendo así una mayor movilidad entre los centros y garantizando el derecho a una educación igual para todos y todas, reconociendo las particularidades históricas, culturales y lingüísticas de cada región/nación.
  • Defensa de las lenguas cooficiales del Estado y realización de procesos de inmersión lingüística para garantizar su existencia. Uso de las lenguas cooficiales del Estado como lenguas vehiculares en el sistema educativo.
  • Fijación de la ratio máxima a 20 estudiantes por aula en ESO y de 25 en Bachillerato y Formación Profesional, adaptándose a las necesidades de cada estudio.
  • Incremento del número y la cuantía de las becas y ayudas no universitarias por un criterio de renta familiar.
  • Creación de equipos de apoyo a la docencia en cada centro, dotados de pedagogos, orientadores, psicólogos, etc., que sirvan como refuerzo al aprendizaje y orientación del alumnado.
  • Distribución del alumnado en diferentes clases o aulas en base a un criterio educativo que fomente el aprendizaje colectivo y no por rendimiento académico.
  • Potenciar el Plan de Lectura y Bibliotecas en nuestros centros educativos, dotando a los institutos de espacios adecuados para el estudio y la lectura y de un fondo actualizado de literatura, así como material de otras disciplinas académicas, con el consecuente personal público que garantice su correcto funcionamiento.
  • Habilitación de una enfermería en cada centro de estudios con el material y personal necesario para atender las incidencias comunes.
  • Reforzar y fomentar los estudios del sistema educativo desde un punto de vista no mercantil sino educativo y pedagógico.
  • Dotación a cada instituto de un equipo docente lo suficientemente amplio para dar cobertura a las necesidades formativas del estudiantado, eliminando así las duplicidades en la docencia.
  • Velar por que los equipos docentes puedan actualizar sus métodos pedagógicos através de la mejora de programas de reciclaje específicos para este fin.
  • Flexibilización de los programas docentes permitiendo al profesorado diversificar los métodos de enseñanza.
  • Potenciación de formas de evaluación alternativas a los exámenes que fomenten el aprendizaje crítico y el esfuerzo, teniendo en cuenta las distintas realidades sociofamiliares del estudiantado.
  • Apertura a la participación colectiva, directa y significativa de los estudiantes en la gestión del centro de estudios. Desarrollo de un sistema representativo real y eficiente para los estudiantes, cuyos representantes tengan voz y voto en las decisiones que las direcciones de los centros tomen.
  • Fomento de la autonomía de los institutos a través de la potenciación de los consejos escolares como máximo órgano de dirección de los centros.
  • Elección de la dirección de los centros por los consejos escolares.
  • Garantía de presencia representativa y proporcional de alumnos, familias y trabajadores (tanto docentes como PAS) en los consejos escolares.
  • Establecimiento de rendiciones de cuentas periódicas y vinculantes de la dirección del centro ante los consejos escolares en el caso de que el centro de estudios no los tenga ya establecidos.
  • Elección de los libros de texto por el consejo escolar a propuesta de los equipos docentes, primando la calidad de los materiales a otros criterios.
  • Creación de métodos constructivos y en clave de avance colectivo de evaluación del profesorado por parte de los alumnos.
  • Integración curricular obligatoria de contenidos de carácter general que no se enmarquen en las competencias técnicas propias del grado.
  • Garantía de una oferta suficiente y exclusivamente pública de FP, también oferta modular y a distancia.
  • En prácticas no laborales, garantía de que no se está cubriendo un puesto de trabajo y existe una inmersión real del estudiante.
  • En prácticas no laborales, retribución obligatoria al estudiante en prácticas en calidad de beca-salario nunca por debajo del SMI y cotización a la seguridad social.
  • Compromiso de rescisión inmediata de convenios en prácticas (presentes y futuros) en fraude de ley; y garantía de reconocimiento de los créditos cursados al estudiante afectado o afectada.
  • Obligatoriedad de que la RLT (representación legal de trabajadores) tenga información del número de estudiantes en prácticas y las tareas que realizan para combatir el fraude.
  • Obligatoriedad de información y cumplimiento de la normativa PRL (prevención de riesgos laborales).
  • En FP dual y prácticas laborales, revisión legal del tipo contractual para la percepción por parte del estudiante-trabajador del mismo salario que cualquier trabajador de la misma categoría según convenio colectivo.
  • Garantía de que la calificación dependa siempre del centro educativo junto con informe consultivo a la empresa.
  • Plan de garantía de empleo en el sector laboral asociado a los estudios realizados una vez estos finalicen.
  • Articulación de programas docentes en Formación Profesional que equilibren el aprendizaje en el centro de estudios con las prácticas externas remuneradas. Promover diferentes métodos de trabajo (presencial y no presencial) que se adapten en todo momento a las condiciones del estudiantado y que permita una flexibilidad a la hora de compaginar la FP con otras obligaciones.
  • Fomento de la FP como una vía formativa más a la que acceda el estudiante no por necesidades económico-laborales inmediatas, sino en base a un criterio de elección por interés personal, aptitudes particulares y vocacionales.
  • Eliminación cualquier prueba que clasifique mediante la competencia al alumnado que pueda para acceder a una modalidad de FP. Sustituirlo por un programa de tutorización que acompañe y guíe en todo momento al joven en la transición a la enseñanza post-obligatoria.
  • Garantía de dotación real a los centros de equipos y personal especializado para estudiantes con necesidades especiales, para la correcta inclusión del alumnado con estas características, facilitando la integración en sus centros de referencia ordinarios, siempre ofreciendo los apoyos necesarios, y que permitan un efectivo seguimiento de las dificultades en el aprendizaje.
  • Articulación de programas eficientes para combatir el abandono escolar, donde una pronta inserción al mercado laboral no sea la única alternativa.
  • Dotación de medios económicos y materiales a los programas de garantía social además de establecer sistemas de reorientación académica hacia los estudios superiores. Inclusión de un equipo técnico social en los centros de estudios.
  • Campañas sostenidas en el tiempo y con objetivos pedagógicos para combatir el absentismo escolar, rechazando la figura del policía-tutor como vigilante de los centros y facilitando herramientas al estudiante.
  • Campañas sostenidas en el tiempo y con objetivos pedagógicos para erradicar cualquier tipo de manifestación de discriminación y odio.
  • Estudio exhaustivo de la utilidad -o no- del sistema de enseñanza-aprendizaje basado en las Competencias Básicas.
  • Eliminación de la competencia en Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor.
  • Elaboración y aplicación de un plan de formación inicial y continua del profesorado en primeros auxilios. Añadir los primeros auxilios como contenido transversal, periódico y obligatorio para los/as estudiantes.
  • Inclusión de Formación y Orientación Laboral como asignatura curricular obligatoria en todos los estudios, adecuándola a las necesidades del estudiantado.
  • Eliminación de la programación docente asignaturas de contenido religioso. Las religiones se estudiarán únicamente desde el punto de vista histórico, analizando su papel y su influencia en las distintas sociedades.
  • Eliminación de la programación docente aquellas asignaturas o temas de estas que fomenten la ideología empresarial (iniciativa emprendedora, etc.) especialmente aquellas relacionadas con el “espíritu emprendedor” entendido dentro del marco de la educación del empresario.
  • Recuperación de historia y filosofía como asignaturas troncales.
  • Inclusión de competencias transversales en materia de sostenibilidad medioambiental y cambio climático.
  • Inclusión de competencias transversales en materia de igualdad entre hombres y mujeres, que permitan, entre otras, sentar las bases para luchar contra la brecha de género en las distintas ramas de estudios.
  • Eliminación del modelo bilingüe para lenguas extranjeras así como las modalidades y prácticas educativas que favorezcan la segregación académica.
  • Fomento del sistema de intercambio de alumnos entre distintas regiones de España, así como hacia el extranjero, dotado de financiación suficiente para que sea accesible para la mayoría trabajadora.
  • Ampliación de las horas semanales dedicadas curricularmente a la Educación Física, donde además se impartan contenidos relativos a la alimentación, nutrición y actividad física para el bienestar colectivo. Garantizando además los medios necesarios para qué se tengan las condiciones higénicas adecuadas antes y después de las clases.
  • Ampliación y desarrollo de la programación docente para la educación en igualdad, la solidaridad, la educación sexual, el ocio sano, la prevención en el consumo de drogas, etc., que permitan el crecimiento y desarrollo integral, saludable y consciente del estudiantado.
  • Garantía de, al menos, una salida didáctica programada del centro por cada asignatura que curse el alumno, estableciendo una relación directa entre las competencias y dicha salida.
  • Existencia de programas gratuitos de formación que posibiliten la adaptación de las enseñanzas medias a la Universidad, tanto ampliando conocimientos de una misma rama como posibilitando la adaptación de una rama de aprendizaje a otra.
  • Aumento de la información y orientación laboral al estudiantado potenciando sus intereses particulares, sus aptitudes y vocación.
  • Convertir a los PIEE (Proyectos de integración de espacios escolares) y otros servicios extraescolares en servicios que se gestionan de forma integramente pública.