• Derogación del Plan Bolonia, así como de todos aquellos documentos legales que se encuentren dentro del marco de la ET2020, tales como el Real Decreto 43/2015 del 2 de febrero (decreto 3+2).
  • Aprobación de una nueva ley universitaria para la cual se tomen como pilares fundamentales las propuestas y reivindicaciones de las distintas organizaciones que componen la Comunidad Educativa (sindicatos de trabajadores y organizaciones estudiantiles) y que garantice la universalidad de la educación superior.
  • Que dicha ley habilite un modelo de Universidad estable que permita su desarrollo pleno, garantizando así a los estudiantes el disfrute de una educación con dichas características y cuyos resultados puedan observarse en beneficio de la sociedad en su conjunto.
  • Que dicha ley universalice el acceso de los hijos e hijas de los trabajadores a unos estudios superiores.
  • Fomento de la universidad como una vía formativa más, no desde una perspectiva de división, especialización y elitización formativa.
  • Gratuidad del título.
  • Gratuidad de todos los másteres, sean o no habilitantes.
  • Asegurar una ratio de estudiantes por aula que permita el correcto desarrollo tanto de la labor docente como del proceso de aprendizaje.
  • Aumento de plazas en aquellas facultades y carreras con notas de corte inasumibles para la mayoría.
  • Habilitar salas de estudio en todas las facultades desde el inicio hasta final de curso, con el fin de facilitar a los estudiantes horarios más flexibles en los que puedan realizar trabajo fuera del aula.
  • Gratuidad de los servicios de deporte, idiomas, etc.
  • Gratuidad de la totalidad de materiales necesarios para el estudio (manuales, fotocopias, etc.).
  • Existencia de residencias públicas.
  • Completa gratuidad en los contenidos didácticos impartidos en la enseñanza universitaria.
  • Existencia efectiva de servicios de orientación y ayuda psicológica al estudiante en todas las facultades de que sean gratuitos y adecuados en el tiempo a las necesidades de estos.
  • Existencia de cursos efectivos para el profesorado en los que se presenten nuevos métodos pedagógicos, permitiéndole así adaptarse a las nuevas realidades del estudiantado.
  • Compatibilidad de las clases magistrales, prácticas y seminarios, adecuando cada formato a realidad de cada grado o asignatura y por tanto dotando de suficientes recursos a la evaluación continua.
  • Garantía de que la evaluación continua verdaderamente es tal y no resulte finalmente en un modelo de evaluación tradicional con una mayor frecuencia de entregas y exámenes.
  • Eliminación de la asistencia como criterio de evaluación.
  • Garantía de elección por parte del alumno de someterse al sistema de evaluación continua o evaluación final.
  • Impulso de la difusión del conocimiento de manera libre prestando especial atención al préstamo interbibliotecario y al contenido accesible a través de internet.
  • Fomento de modelos de democracia participativa y toma de decisiones activa por parte de la comunidad educativa, así como la participación de sus representantes en el Consejo de Universidades, excluyendo de la toma de decisiones y participación en los mismos a las empresas privadas y a sus representantes.
  • Readaptación del modelo representativo para que todas las partes de la comunidad queden representadas en igualdad de condiciones, incluidos los y las trabajadoras de empresas contratadas por la universidad.
  • Fomento de la participación del estudiante en la investigación universitaria, así como mayores facilidades para tal objetivo. La figura de los alumnos internos y similares, deben tener una utilidad real para los estudiantes, en lugar de servir como simple mano de obra para el profesorado.
  • Aumento de los presupuestos para la investigación de las diferentes ramas de conocimiento, tanto en universidades como en institutos públicos de investigación.
  • Reinterpretación de los programas de acceso al Doctorado en relación a la actual imposibilidad de realización por la mayoría del estudiantado dónde las condiciones socioeconómicas no supongan una limitación.
  • Reajustar la duración de las carreras en relación a las necesidades de los propios contenidos de cada una, de forma que no se compriman los contenidos por ajustarse a unos tiempos que impidan un aprendizaje pleno de la materia.
  • Replanteamiento de los criterios de docencia e investigación, de manera que los contenidos prioritarios no sean determinados en base a las necesidades de rentabilidad económica, sino de acuerdo con el bienestar social y el desarrollo socioeconómico.
  • Cotización obligatoria del periodo de prácticas curriculares a la Seguridad Social.
  • Laboralización de las prácticas extracurriculares.
  • Retribución obligatoria al estudiante en prácticas en calidad de beca-salario nunca por debajo del SMI.
  • Compromiso de rescisión inmediata de convenios en prácticas (presentes y futuros) en fraude de ley; y garantía de reconocimiento de los créditos cursados al estudiante afectado o afectada.
  • Garantía de que la calificación dependa siempre del centro universitario junto con informe consultivo a la empresa.
  • Obligatoriedad de que la RLT tenga información del número de estudiantes en prácticas y las tareas que realizan para combatir el fraude.
  • Seguimiento del contenido que desarrolla el alumnado en prácticas.