¿Qué supone la aprobación del plan de ajuste en la UCM?

El 17 de febrero el consejo de gobierno de la UCM aprobó un “Plan económico y Financiero” (PEF) que pretende recortar 33,1 millones de euros en la Universidad pública más grande de la CAM. Plan que ya hemos visto ponerse en marcha con la suspensión por parte de la CAM de los contratos predoctorales a inicios de este año, recortando una partida de 29 Millones de euros y afectando a más de 250 investigadores predoctorales ¹que se han quedado sin empleo.

La Comunidad de Madrid no cesa en su intento de privatización e infrafinanciación de la Universidad Pública. Muestras de este intento son los 9 borradores de la LESUC, todavía no tramitada por la presión ejercida en las movilizaciones de noviembre, y ahora un plan concertado con el rectorado de la UCM para hundir de facto una Universidad con 65000 estudiantes y consumar un nuevo ataque a la Universidad Pública.

En un contexto de infrafinanciación acuciante por parte de la CAM a la UCM, esta se ve obligada a pedir un préstamo al gobierno de Ayuso para suplir el déficit causado por voluntad política privatizadora. Así, la Complutense tiene que devolver un crédito de 34,5 millones de euros más 4,1 millones ²de euros en intereses. Esta “voluntad política” no es mera especulación, sino que esta se puede contrastar con datos del PEF, admitiendo rectorado de la Complutense en el informe, la falta de financiación por parte de la CAM.

“La totalidad de ingresos de la Universidad no han sido suficientes para atender las necesidades de gasto” señala este informe. Esta afirmación implica que es aproximado 77% de los ingresos a la UCM provenientes de la CAM es insuficiente para poder cubrir los costes de infraestructuras y salarios de trabajadores, dejando así en una situación de déficit a la Complutense. Ante esta situación de evidente infrafinanciación, el rectorado de la UCM, lejos de actuar en favor de los intereses de sus estudiantes y trabajadores, actúa como correa de transmisión de la política privatizadora de la Comunidad de Madrid, proponiendo la ejecución de un Plan económico financiero, que llamaremos por su nombre real a partir de ahora, Plan de Ajuste y Recortes (PAR). Además, tal y como dice el documento, este Plan se ejecutaría en un ciclo de la economía española expansiva, en el que, a pesar de los aumentos salariales, las administraciones públicas podrían invertir más en los servicios públicos. Si no se aumentan los ingresos de la UCM en un ciclo expansivo económico, ¿qué pasará cuando haya una contracción en la economía?

Rectorado se ampara para ejecutar este Plan de Ajuste y Recortes, tanto en leyes autonómicas, como en la LOSU. Ley aprobada por el gobierno de Coalición del PSOE y Unidas Podemos, que abrió ya en 2023 el nuevo marco legal para poder facilitar a gobiernos como el de Ayuso atacar tan descaradamente a la Educación Pública. Una vez más podemos observar cómo la socialdemocracia es promotora de la privatización y educación del empresario, probando así la necesidad de la organización independiente del estudiantado al margen del partido político de turno que gobierne. Es además en el propio articulado de la LOSU donde se abre la posibilidad en su art.60.1 a colaborar con entidades tanto públicas, como privadas³, articulado que además ha favorecido a consolidar la falta de crecimiento y en ocasiones descenso del número de trabajadores en la UCM como se reconoce en la página 37 del Plan de ajuste⁴. Este Plan de Ajuste y Recortes ha sido recibido con un fuerte rechazo por parte del Comité de empresa de la UCM que lo caracteriza como<<un plan de ajuste que condiciona el futuro de la universidad pública sin transparencia ni negociación efectiva>>y exige que rectorado <<paralice la aplicación de medidas de ajuste que deterioran las condiciones de trabajo, la calidad docente y el carácter público de nuestra universidad.>>

El gobierno del PP madrileño quiere dar a entender que estos recortes son necesarios por el gran gasto que supone mantener una institución supuestamente sobredimensionada y cada vez más grande. Nada más lejos de la realidad. El informe de situación económica apunta que desde el año 2019 al 2024, la cantidad de trabajadores en la UCM sólo ha aumentado un 0,2 % y que la variación de gastos en ese periodo de mantenimiento, suministros y reparaciones ha disminuido en un 6,8%. Cabe recalcar también la falta de apoyo a la investigación por parte de la CAM, con un balance negativo en ese intervalo. Viendo estos datos, la UCM, no sería una “institución faraónica ineficiente”, sino que se ha convertido por la infrafinanciación de la CAM en una universidad estancada y con una deuda por la falta de ingresos por parte del gobierno de Ayuso.

Con estos datos encima de la mesa nos encontramos frente a un plan de ajuste que busca “disciplinar”, “racionalizar gasto”, “obtener un mayor control”, “contención” y “ejecutar estrictamente”, eufemismos para no decir que se busca ejecutar un plan de recortes que ataca frontalmente a los derechos tanto de estudiantes como de trabajadores.

El 83% de estos recortes afectarán a las condiciones de PDI y PTGAS y otro 17% que se dedicará a “fomentar el ahorro”, medidas que implican retrocesos como el cierre de grupos de optativas con pocos estudiantes, retrasos en el aumento de sueldo de la plantilla o la reducción de actividad culturales y supresión de proyectos de investigación docente, recortes que afectan tanto al estudiantado como trabajadores de la UCM.

Además del anuncio de la aprobación de este plan, Ayuso cesa a Emilio Viciana, consejero de educación, tras el desgaste de su figura por las movilizaciones del mes de noviembre, entrando en el cargo Mercedes Zarzalejo, persona con experiencia en cargos de gestión como el Consejo escolar y diversas tareas en la Asamblea de Madrid. A Mercedes Zarzalejo ⁵se le referencia en diversos medios como parte del “ala dura del PP” y desde otros se nos vende como un “perfil técnico y profesional”. Una vez más debemos recordar que sea quien sea el gestor, el estudiantado de extracción obrera y popular estará en frente para defender sus derechos. Detrás de cada perfil o medida “técnica” se encuentra el programa de infrafinanciación que pretende subordinar la educación pública por completo a los intereses privados. Es por estas razones que, frente a la Educación del Empresario y sus planes de ajuste, contraatacamos luchando por una educación 100% pública, gratuita y de calidad.

¡Avancemos frente a sus gestores, ataquemos a los recortes!