Reflexiones sobre la escuela concertada

La educación privada-concertada ha estado en el punto de mira desde hace mucho tiempo. Aun así, mientras la comunidad educativa exige una educación pública, los gobiernos de distintos colores han desoído activamente sus reivindicaciones. Volvamos, para ver esta muestra de privatización educativa, al inicio. La educación privada se regula en la Constitución, mientras que la creación de la educación concertada se da en 1985. Bajo la excusa de una incapacidad de la escuela pública de asumir todo el grueso de estudiantes -algo que en realidad nacía de la falta de financiación, recursos e infraestructuras de la escuela pública- el gobierno socialista, y posteriormente el popular, apuntalaron su existencia. Desde entonces, la tendencia ha sido clara: aumento de los convenios y los fondos públicos destinados a la escuela concertada y privada.

Tras casi 40 años, actualmente existen cerca de 9500 centros concertados y privados en toda España, lo que su pone que cerca del 25% del estudiantado no universitario estudia en estos centros. Nuestra reivindicación es la integración de la escuela privada-concertada en la escuela pública: sus recursos, su personal y su infraestructura. Esto no conlleva defender las actuales condiciones de las infraestructuras, o condiciones de la educación pública sino entender que es el conjunto de la comunidad educativa la que tiene que empujar esta mejora al mismo tiempo que se reivindica una educación pública en su totalidad.

La educación privada es una clara expresión de la privatización educativa tanto en su vertiente exógena como endógena. Cuando hablamos de privatización exógena nos referimos a la introducción de las empresas en la educación por distintos mecanismos (servicios, Consejo Social, préstamo de materiales, etc.). La educación privada-concertada implica, en sí misma, una introducción de la empresa privada en la educación. Cuando hablamos de privatización endógena nos referimos a que los centros de estudios replican las dinámicas y el funcionamiento de las empresas algo que se extiende a todas las esferas del sistema, y algo inevitable dentro del sistema de producción actual pues la universidad no es un ente independiente. Los centros de estudio privados y concertados buscan, en todo momento, sacar un rédito económico de su actividad, aunque muchos no lo consigan.

Afirmamos, por lo tanto, que la educación privada-concertada se entiende dentro de un proceso mucho más amplio de la educación y los datos nos dan la razón. En primer lugar, durante los últimos 10 años la financiación a la educación concertada ha aumentado un 20% mientras que la financiación de la escuela pública solamente un 2,6%. En segundo lugar, en la educación privada la cuota mínima oscila los 600€ mensuales. En la educación concertada a pesar de estar prohibidas las cuotas son el día a día de muchas familias: en función de la etapa educativa entre el 80% y el 95% de los estudiantes pagan cuotas de acceso a la educación concertada y oscila entre los 640€ y los 801€ al año, pago que se hace completamente inasumibles a muchas familias trabajadoras viéndose expulsadas de la educación desde sus momentos más tempranos. En tercer lugar, en el año 2020, el presupuesto destinado a la educación concertada casi triplicaba el total del presupuesto destinado a becas. Becas, que, son claramente insuficientes y que son reivindicación del movimiento del conjunto de la comunidad educativa, especialmente, el estudiantil. Mientras desoyen las reivindicaciones de la mayoría, siguen financiando aquellos centros donde mayoritariamente conviven las personas con mayores recursos económicos.

Esto lleva a hablar de la composición social de los centros y de su gestión. El 70% de los estudiantes de la escuela concertada lo hace en colegios gestionados por la Iglesia, qué son sus principales dirigentes. Esto implica, en muchos casos, discriminación por género pero también toda una serie de premisas ideológicas claramente problemáticas en especial para las mujeres, las personas racializadas y el colectivo LGTB. Por otro lado, hay un menor número de personas (a nivel general) con menos recursos, el pago de las tasas implica que son menos familias trabajadoras las que pueden permitirse entrar en estos centros y, por lo tanto, su composición social es distinta a la de aquellos públicos de la misma zona. Esto, aun así, no quita que los hijos de la clase obrera estudien y vivan en estos centros.

También debemos mencionar las prácticas. Los estudiantes de las universidades privadas salen en menor tiempo al mercado laboral y, de media, terminan cobrando más en comparación con los estudiantes de las universidades públicas. La inserción laboral en las universidades privadas es más alta en comparación con las universidades públicas debido a diversos factores: mayor financiación implica una atención al estudiantado más personalizada, pero también la extracción social permite a los estudiantes de las universidades privadas acceder a puestos laborales mediante contactos de amigos o familiares. Esto entronca, directamente, con las prácticas académicas, algo que también afecta a la Formación Profesional. Las universidades privadas aseguran las prácticas pagando, incluso en instituciones públicas como hospitales, haciendo que haya estudiantes de la educación pública que vean peligrados su título al no poder hacer las prácticas. 

La principal reivindicación política quedaba situada en el inicio: todos los centros, infraestructura, personal y recursos económicos de la educación privada-concertada deben integrarse dentro de la educación pública. Esto debe llevarse a cabo entendiendo la centralidad del movimiento obrero y el trabajo con la comunidad educativa. Pero también debemos reivindicar la libertad de asociación (muchas veces cercenada por los propios centros de estudio) y la eliminación de la religión de las aulas.

¡Por una educación pública y gratuita!

¡Es momento de responder!