Sobre la Ley de Convivencia Universitaria
El 6 de Mayo en las principales ciudades del país los estudiantes protestamos contra el Real Decreto de precarización de las prácticas, punta de lanza de una reforma universitaria mucho más amplia. Menos de un mes después, el Consejo de Ministros, que parece que espera que llegue el verano para sacar adelante el mencionado decreto, aprueba este martes la “Ley de Convivencia Universitaria”.
Dicha ley, derogación del Reglamento de 1954 mediante, desarrolla un nuevo régimen disciplinario para las universidades públicas. Celebramos la derogación del Reglamento franquista, celebramos que las novatadas, las vejaciones y el acoso sean comportamientos sancionables por las universidades. Sin embargo, no podemos posicionarnos a favor, sino todo lo contrario, de una ley —en cuyo análisis profundizaremos las próximas semanas— que criminaliza formas legítimas de protesta estudiantil, haciéndolas subsumibles en algunos de los comportamientos sancionables recogidos en la ley. De esta forma, la protesta contra todo tipo de actos, conferencias o charlas serán comportamientos sancionables directamente por el Rectorado de la Universidad. Ello supone, de facto, una traba a la movilización del estudiantado: las clases, las conferencias, y todo tipo de actos celebrados en la universidad no están -no pueden estarlo- exentos de carga ideológica y política, y los estudiantes y el resto de la comunidad universitaria tenemos derecho a protestar contra aquellos que consideremos que atentan contra nuestros intereses, más aún en un contexto en que la empresa privada y sus ganas de mercantilizar hasta el último rincón de la universidad, cada vez cobran más peso en la dirección de nuestras universidades.
Más allá de lo irónico de que una ley sacada adelante bajo el título “de Convivencia Universitaria” haya ignorado deliberadamente al estudiantado universitario objeto de dicho régimen sancionador, desde el Frente de Estudiantes consideramos ésta la enésima expresión de las limitaciones democráticas de la universidad española. El “amplio consenso” sobre el que se dice que se ha elaborado esta ley es un consenso no sólo falso en la medida en que no se sustenta si quiera en el diálogo, sino que hipócrita en tanto que, aún de haber existido esa interlocución, hubiera tenido lugar en los marcos de la mera formalidad y la representatividad, sin ningún control y poder efectivo sobre la elaboración de ésta y otras leyes por parte de la propia comunidad universitaria.
Entendemos que en la Agenda del Ministro, que prefiere gobernar para las empresas facilitándoles estudiantes como mano de obra barata, convirtiendo a la universidad en un nicho de mercado, se encuentre incorporar la protesta estudiantil entre las conductas sancionables y no así la democratización real de la universidad. Por ello, el pasado 6 de mayo los estudiantes no sólo exigimos la paralización del RD de precarización de las prácticas, sino que comenzamos a preparar la ofensiva en las universidades de todo el país para no ceder ni un solo milímetro ante la reforma universitaria que ya se ha comenzado a acometer desde el Ministerio de Universidades.
