Sobre el anteproyecto de ley de Formación Profesional
La crisis económica, acelerada por la pandemia, ha asolado por completo al estudiantado y nuestras familias: tras un año de educación telemática la brecha de clase se ha hecho más grande; no podemos pagar la luz, tampoco el alquiler; el paro llama a la puerta de nuestras casas y nosotros nos vemos forzados a compaginar trabajos (temporales, precarios) con nuestros estudios. Lejos de lo que pudiera parecer, no es ésta una situación excepcional: quienes hoy somos estudiantes no conocemos otra realidad que no sea la crisis. En peores condiciones respecto a cómo el pueblo trabajador afrontó la del 2008, el estallido de ésta ha agudizado y radicalizado desigualdades ya existentes, por todos nosotros conocidas. Pero como en 2008, la recuperación del beneficio de unos pocos será a costa de la mayoría de nosotros.
Y dentro de esa recuperación los jóvenes estudiantes, las futuras generaciones de trabajadores, jugamos un importante papel. El paro juvenil alcanza ya cifras del 40% y el empleo joven se caracteriza por la temporalidad y los bajos salarios. En ese contexto, instituciones y medios de comunicación siembran el discurso de que el problema que subyace es la sobrecualificación: no encontramos trabajo, y si lo hacemos es de mala calidad, porque existen demasiados universitarios para el tipo de mano de obra que mayoritariamente requiere el mercado de trabajo. La solución, entonces, es clara: adaptar el sistema educativo a éstas necesidades, propuesta expresamente formulada por los ministerios de Educación y Universidades, con Pilar Alegría y Manuel Castells a la cabeza.
Y es que, efectivamente, al objetivo de ajustar la educación a las necesidades y condiciones del capitalismo contemporáneo responde, bajo el amparo de los dictados de la UE, el proyecto a largo plazo de reforma integral del sistema educativo, que topa este curso con sus máximos exponentes: los anteproyectos de nueva ley de Universidades y de Formación Profesional.
En lo que a Formación Profesional se refiere, el anteproyecto busca que todos los grados de FP tengan carácter dual: es decir, implica un aumento generalizado de las horas totales en prácticas. Estas prácticas sólo serán laborales -o sea, con contrato de trabajo- en la FP Dual Avanzada, con un 50% de las horas de prácticas realizadas en empresas (AR) , mientras que en la FP Dual General las prácticas seguirán siendo de tipo no laboral a pesar de llegar a un elevado 35% del tiempo al servicio de los empresarios (AR). De esta forma, a la vez que se mantiene el fraude generalizado, la conversión de toda la FP en FP Dual implica legalizar los más altos niveles de explotación, haciendo del estudiantado —que gracias a esta ley pasará más horas en el centro de trabajo— punta de lanza de la precariedad laboral. La nueva ley garantiza a las empresas un remanente cada vez más amplio de estudiantes que trabajarán gratis o casi gratis.
Por otro lado, se profundiza en la estructuración modular de toda la FP, a la vez que se fomenta la flexibilización de los itinerarios. Es decir, se apuntala el módulo como unidad básica y fundamental, facilitando la convalidación y permitiendo cierta flexibilidad curricular a la hora de obtener el título. Esto refuerza dos tendencias. La primera, que es paralela a un peso cada vez mayor de las empresas en la estructura curricular de los centros, es la adaptación formativa a las necesidades productivas del entorno específico del centro de formación. La segunda es la adecuación de la Formación Profesional a las nuevas formas de organización del trabajo: la estructura modular se amolda a la perfección a los ritmos de vida de la juventud trabajadora, que encadena periodos de trabajo temporal con periodos de paro, susceptibles de ser rellenados con formación ultraespecializada y, además, fácilmente convalidable.
Parte de esta flexibilización es la inclusión de puentes entre la FP y la Universidad que incorpora la ley. En este punto cabe clarificar que el proceso de hiperespecialización y tecnificación adaptado a las coyunturales necesidades de mano de obra del capitalismo español y europeo, y a una específica estrategia de posicionamiento a nivel internacional, afecta también a la educación universitaria. Esto se ve claramente en las tendencias que la nueva ley de universidades refuerza y apuntala. La división del trabajo exige distintos niveles de cualificación, y es precisamente a una específica actualización de ésta a lo que responde la reorganización del sistema educativo a todos sus niveles. De esta forma, la segregación educativa se da en forma de proceso y de manera paralela a la tecnificación y especialización educativa también en la universidad. La existencia de puentes ambas ramas educativas no responde, por tanto, a un intento de de democratizar el acceso de los hijos e hijas del pueblo trabajador a las enseñanzas universitarias, sino que se configura como la contraparte de la mercantilización y la elitización del sistema educativo.
En conclusión, desde el Frente de Estudiantes rechazamos frontalmente este anteproyecto de ley como parte de una reforma integral del sistema educativo que aumenta la presencia directa de la empresa en la educación, refuerza y naturaliza la precariedad laboral entre la juventud que accede al mercado de trabajo y profundiza en el proceso de mercantilización de la educativa, sirviendo al claro objetivo de salvar los beneficios de las empresas a costa de la incorporación masiva del estudiantado ámbito productivo (AR). Creemos que este debe ser el curso en que los estudiantes tomemos partido en la defensa de nuestros derechos, y es por ello que animamos a, desde cada centro de estudios, levantar una trinchera para conquistar una educación pública y de calidad, que no esté mediada por las necesidades de un puñado de empresarios sino por nuestras verdaderas necesidades e intereses, y los del conjunto de la sociedad.
Depende de ti.
Es momento de responder.
